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Uno de los requisitos constitucionales para aprobar el peaje ha sido el cobro al usuario de una contribución razonable para amortizar el costo de la obra, los gastos de mantenimiento y los servicios a prestar. Pero aquí ese valor siempre ha sido desmedido, con el agravante de que cuando algo ocurre, el concesionario mira para otro lado creyendo que su misión es sólo recaudar.
Los constantes accidentes en las autopistas son obra de la inconsciencia de los conductores, pero a su vez nadie controla, de modo que camiones o micros van por la cuerda veloz, los autos se cruzan cuando se les ocurre, etc., y este fallo viene a poner justicia en una actividad pública que al tener el beneficio del monopolio debe preocuparse mejor por el servicio.
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