La Corte traslada al gobierno reclamo de gremios por cargos

La Corte Suprema dio otro paso para avanzar en el blanqueo de los 1.720 empleados que trabajan en distintos tribunales sin percibir un salario ni recibir cobertura social. Ayer, el juez Ricardo Lorenzetti le envió una nota al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con copia a la ministra de Economía, Felisa Miceli, donde le pide una ampliación del Presupuesto para incluir a los «meritorios» en la planta permanente del Poder Judicial.

Se trata de estudiantes avanzados de Derecho que se encargan de las tareas burocráticas que los experimentados no quieren hacer (por caso, coser expedientes, atender al público y abogados). Lo hacen a cambio de adquirir experiencia y la promesa de ser efectivizados. También están los que entran por la ventana del «amiguismo». La realidad es que sin estos meritorios muchísimos juzgados no podrían funcionar.

Esta práctica, que tiene una antigüedad de cuarenta años, fue formalmente prohibida por una acordada de la Corte de 1977. Sin embargo, todos los años los jueces los incorporan. En algunos tribunales hasta se paga el cuestionable «diezmo». Esto es la contribución «voluntaria» de empleados y jueces de poner un porcentaje de su salario para conformar un sueldo para el meritorio.

Desde aquella prohibición hasta 2005, el último registro, se estimaba que había 1.186 empleados de este tipo. Pero ese número fue creciendo sin que haya hoy una constancia seria que pruebe su existencia.

En estos momentos, el Consejo de la Magistratura tiene abiertas negociaciones con el gremio judicial por la efectivización de los meritorios. La semana pasada hubo un cónclave entre el cacique de los judiciales Julio Piumato, el consejero-abogado Santiago Montaña y el presidente de la Corte, Lorenzetti. Los tres acordaron una «salida razonable» para alcanzar el blanqueo de los meritorios sin entrar en un estado belicoso como el registrado hace dos años cuando el Consejo de la Magistratura se peleó con el juez Enrique Petracchi.

Excedente

Una de las alternativas que se había consensuado para hacer frente al ingreso de esa dotación de personal era utilizar el excedente que el Poder Judicial tiene del Presupuesto 2005 y que en la actualidad supera los 900 millones. Ese dinero está guardado en una cuenta bancaria.

Lorenzetti está dispuesto a deshacerse de esos fondos, pero quiere hacerlo prolijamente sin incurrir en un delito. Para disponer de es partida se necesita de la autorización del Congreso y de la Jefatura de Gabinete. Ayer dio el primer paso en ese sentido pidiendo una ampliación en el Presupuesto vigente de la Justicia, para que se incluyan los cargos necesarios en la incorporación de los meritorios. Estos empleados tienen la categoría más baja del escalafón, pero en la última paritaria el sindicato había propuesto que ganaran un salario de 1.300 pesos. Se supone que ése, finalmente, será el piso de su sueldo.

Precisamente, en la misiva enviada a Fernández, Lorenzetti califica como « necesaria» la incorporación en la categoría inicial del escalafón administrativo y técnico de estos agentes.