La ministra de Defensa, Nilda Garré, dio explicaciones ayer sobre la citación que le hizo el juez Guillermo Tiscornia en una causa sobre presunto contrabando de armas con destino a Estados Unidos. Deberá precisar la funcionaria ante la Justicia lo que anticipó ayer, cuando dijo que no sabía siquiera lo que era un FAL (fusil automático liviano). Curioso: debería conocerlo por su pasado en la agrupación Montoneros que seguramente identificaba bien el artefacto siempre usado por el Ejército. Ni qué decir de lo que se supone debería saber debido al cargo que ocupa. Pero ya Carlos Menem no entendía de armas y estuvo meses detenido en 2001 por una causa también de supuesto contrabando, aunque en este caso con destino a Perú. Se suma Garré al listado de funcionarias -ya son tres en pocos días- afectadas por la interna del gobierno, que respondió a través del Consejo de la Magistratura, organismo que ayer apuró una resolución contra Tiscornia.
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Nilda Garré subió ayer al podio de las mujeres del gobierno custodiadas por
la Justicia. El kirchnerismo salió enseguida a auxiliarla: aceleró el pedido de
juicio político contra Guillermo Tiscornia, el juez que la había citado.
Cuando faltaban horas para el lanzamiento de la dama que quiere convertirse en la primera mujer electa presidenta de la Argentina, otra mujer (y son 3) le complicaba el debut. Fue ayer la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien salió a defenderse ante la citación de la Justicia, en un caso de presunto contrabando de armas, que recuerda al que llevó a la detención de Carlos Menem durante 4 meses en 2001.
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Ayer, la ministra aludió a inspiraciones políticas y hasta dijo que no sabía lo que era un FAL. Raro como ex allegada a Montoneros, ya que era el arma emblemática de los 70. Raro en la titular del área de Defensa. Pero Garré sí debía conocer que tras la imputación el Consejo de la Magistratura inmediatamente pediría (como lo hizo) el juicio político del juez (ver nota aparte). Para el organismo, la citación a la ministra es consecuencia del trámite que venía llevando contra el magistrado. Para el magistrado, que envió un descargo por escrito a los medios (ver nota aparte), el pedido de juicio es la respuesta a la causa judicial.
En medio de la controversia, la ministra acusó a la Aduana y desde el organismo le replicaron duramente (ver nota aparte), casi diciéndole que era ignorante en su materia.
El caso Garré, claro, se agrega a los inconvenientes de Felisa Miceli y los avatares de Romina Picolotti, y hacen pensar que Cristina Kirchner debería sentir que hacer «cuestiones de género» en la propaganda electoral no será siempre provechoso y que, más que eso, arrima la idea de que la condición le eleva el mérito.
La ministra de Defensa, una de las kirchneristas que proviene del ex Frepaso, está citada por Tiscornia en el caso que se inició en febrero de este año a partir de una denuncia de la Aduana sobre una operación de exportación de armamento que consideró subfacturada y por lo cual rechazó su envío a Estados Unidos. Garré, anteriormente, ya había desviado las acusaciones hacia Fabricaciones Militares, que desde 2006 está en el área de Julio De Vido.
Tiscornia, en mayo pasado, inició la investigación por contrabando y allanó dos dependencias de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
La exportación en cuestión -que estaba facturada por u$s 2.664- era parte de una operación que en conjunto sumaba u$s 330.000 por la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y pesados a la firma JLD Enterprises. La empresa tiene sede en Connecticut (EE.UU.), y su fundador es un argentino, José Luis Díaz, que en otra ocasión, hace dos años, había comprado material bélico a la Dirección de Fabricaciones Militares, según se desprende de la investigación judicial.
Garré no tardó en replicar y dijo ayer que lo de Tiscornia «no es una imputación sino una citación para entregar información y pruebas, diligencia previa para decidir una imputación o una indagatoria».
El cargamento, autorizado por la ministra en diciembre de 2006, contenía 6.739 kilos de accesorios y partes de fusiles FAL y FAP por el precio de 2.664 dólares. Las partes se vendían como «desguace», pero la sospecha radica en que se podían ensamblar y vender a un precio muy superior. Por otra parte, Tiscornia, en el expediente, indicó que «había tres pares de números mellizos, 11 unidades con la numeración limada y cuatro unidades con la identificación ilegible».
«Yo no sé cuánto valen esas cosas, no sé lo que es un FAL o un FAP, no entiendo de arandelas, resortes o caños, éste no es un ministerio técnico», se defendió la ministra ante los movileros, ayer, en la puerta de su casa.
Garré explicó que la operación que investiga Tiscornia es una dentro de una serie de 11 en total de partes de fusiles, que Fabricaciones Militares realizó desde 2003.
«De acá a octubre vamos a ver muchas sobreactuaciones, las razones del juez no las conozco, pero está absolutamente sobredimensionada la eventual responsabilidad del ministerio, que no debe evaluar precios porque para eso hay otros organismos», pronosticó la funcionaria, que también dijo que se busca «enturbiar» la campaña electoral de Cristina Kirchner.
La ministra explicó también que los ministerios de Economía, del que depende Aduana, Planificación Federal y Relaciones Exteriores conforman un comité que preside Defensa que se ocupa de evaluar distintos aspectos de operaciones semejantes a la investigada.
«Lamentablemente, la Aduana no hizo ninguna objeción durante reuniones previas, lo que hizo que no sólo yo sino otros ministros hayan firmado desde 2003 las resoluciones de exportación», sostuvo Garré y aceptó que el juez «entiende que el precio es irreal y podría haber una maniobra para generar una ganancia indebida para alguna de las dos partes que intervienen».
El magistrado también imputó el delito de «contrabando agravado» al ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Marcelo Bellisi, al funcionario de ese organismo Arturo Huergo, a la gestora aduanera Laura Andolfi y a miembros de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico.
Opiniones
Garré explicó que la Comisión de Control de Exportaciones Sensitivas está integrada por funcionarios de los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, entre otros organismos, y que «cada uno opina sobre su área de competencia». «A Defensa le corresponde la resolución ejecutiva. El precio de la venta no está en mi competencia. La Aduana, en un análisis posterior del precio, entiende que pudo haber habido subfacturación, pero esto excede totalmente lo que yo puedo analizar», agregó.
Para Tiscornia podría existir un «probable despliegue de una simulación delictiva que detrás de la máscara del denominado material de desguace eventualmente escondiese un cargamento de partes de armas que luego podrían ser sometidas a una transformación en fusiles terminados y listos para ser disparados o colocados en algún país distinto del formalmente declarado».
Garré dijo que no tiene «absolutamente nada que ocultar» y que el tratamiento del tema está «un poco sobredimensionado».
«Iremos en esa fecha y colaboraremos con la Justicia, no tenemos absolutamente nada que ocultar, no hay ninguna actitud dolosa del Ministerio ni de los funcionarios de línea», aseveró la ministra.
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