El gobierno festejó el fallo de la Corte que anuló las leyes de punto final, algo inoportuno, porque admite que promueve un quiebre de la separación de los poderes y que la independencia judicial es un cuento. Pero, además, inició las presiones para que el tribunal también anule los indultos dictados a civiles y a ex militares por la comisión de delitos considerados aberrantes en la lucha contra el terrorismo. La Corte tiene un expediente a consideración con Guillermo Suárez Mason como procesado, en el cual la Justicia de instancias inferiores ya anuló el indulto dictado por Carlos Menem. Se suman varios proyectos de ley en el mismo sentido y la palabra olvidadiza de Raúl Alfonsín, que ayer se escandalizaba de esos perdones dictados por Menem. ¿Olvidó que él mismo le propuso a su sucesor, cuando salía apresurado de Casa de Gobierno en 1989, firmarlos juntos y aliviar el costo político que creyó que pagaría quien los dictase? Es cierto que los indultos frenan la reapertura de muchas causas, pero si se anulasen, quedarían de nuevo expuestos a juicio muchos terroristas que se beneficiaron con esa medida; incluso se dice que la negociaron con el gobierno Menem a cambio de apoyos de todo tipo. Esos crímenes terroristas serían de nuevo tratados en la Justicia para decidir si serán considerados «de lesa humanidad», como ocurre hoy con los atentados a la AMIA -lo reclama el propio gobierno al Congreso para que no prescriban las responsabilidades-. En ese caso, el gobierno ya tendría el abanico de los conflictos extendido no sólo a ex militares, sino también a ex terroristas sobre cuya conducta hasta el día de hoy el Presidente no ha opinado en público. Es cierto que sobre los primeros se tomó tiempo, décadas, para hacerlo -se supo qué pensaba cuando asumió la presidencia-. Inquietante el enigma de qué dirá de los terroristas.
Dejá tu comentario