El vicealmirante retirado Luis María Mendía no contestó preguntas del tribunal federal Nº 12 y se remitió a sus declaraciones anteriores en la «megacausa» de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sin embargo, aportó al juez Sergio Torres una solicitada publicada en 1987 firmada por todos los almirantes que ejercieron funciones en la Armada entre 1975 y 1981, que afirma que la fuerza actuó de manera institucional y orgánica en la denominada lucha contra el terrorismo subversivo. El texto traído a la luz intenta reforzar la posición de Mendía acerca de que se hacía cargo de toda la responsabilidad por las operaciones de la lucha contra la guerrilla que se llevaron a cabo en la ESMA (durante su ejercicio al mando de Operaciones Navales) y los presuntos delitos cometidos en la ejecución de las órdenes de los miembros que integraron el grupo de tareas.
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El magistrado, con la intervención del secretario Diego Slupski, había citado a Mendía -concurrió a los tribunales de Comodoro Py 2002 desplazándose en una silla de ruedas- con el objeto de pedirle «mayores precisiones» sobre su declaración del 1 de febrero último cuando vinculó la represión contra la izquierda resuelta en el gobierno de María Estela Martínez de Perón (« Isabelita») y la lucha antiguerrilla que continuó después del golpe de 1976, dos fases de una misma planificación.
En aquella oportunidad Mendía también solicitó la investigación del rol que le cupo a Francia por las desapariciones de las religiosas Alice Domon, Leonie Duquet y de otros ciudadanos franceses. El tribunal no profundizó en esta cuestión sino que se limitó a preguntar a Mendía si podía especificar los motivos por los cuales pedía declaraciones testimoniales de ex funcionarios del gobierno francés: Valery Giscard D'Estaing y Pierre Messmer (ambos fueron señalados en un filme documental francés como partícipes de la represión en Argelia, método que luego se habría implantado en la Argentina por paramilitares de aquel país).
La revelación de la solicitada que apareció el 20 de marzo de 1987 en el diario «La Nación» sorprendió a los funcionarios del juzgado. Casi un centenar de almirantes, entre los que figura el propio Mendía -algunos ya fallecidos, otros imputados- en el expediente y otros en libertadestamparon su firma en aquel texto de ocho puntos, dos de ellos prometen más tela para cortar, tanto en la Justicia como en la Marina. Por caso, el punto dos dice: «La Armada actuó en forma institucional y orgánica a través de la cadena de comando» y el tres agrega: «Hemos respaldado plenamente las órdenes que se impartieron para combatir el enemigo terrorista subversivo». Afirmaciones que están en línea con la posición declarada por Mendía, sólo que él fue el único del almirantazgo que lo hizo por convicción en el expediente que labra Torres.
La solicitada se publicó semanas antes del levantamiento carapintada de Aldo Rico en el gobierno de Raúl Alfonsín. Como se sabe las manifestaciones públicas de los militares están sujetas a la autorización del poder político. ¿Alcanzará a Alfonsín la mancha de aceite del expediente de la ESMA? Hoy la lectura de la solicitada podría dar lugar a planteos jurídicos contra el ex presidente como ya los hubo por la Triple A. Las antigüedades suelen ganar valor con el paso del tiempo, atesorar solicitadas con definiciones de fondo parece lograr el mismo efecto. El hallazgo de hemeroteca, ahora pieza documental del proceso, intenta demostrar que la fuerza actuó en su totalidad -la cadena de comando implica todo su personal- según órdenes que impartieron los sucesivos almirantes que integraron el alto mando naval. Mendía pidió al juez que se libre oficio a la Armada para que se convoque a ratificar la identidad de los firmantes de la solicitada.
Con ello apunta a sumar testimonios de la cabeza de la «cadena de comando» que ejerció la autoridad naval entre 1975 y 1981: ¿surgirán otros nombres de boca de estos almirantes? En otro de los puntos del texto los uniformados decían: «Lesionará gravemente los principios de disciplina y subordinación una eventual condena a jefes, oficiales y suboficiales por haber cumplido órdenes militares en situación de guerra». Casi una premonición, hoy acude a ampliar su declaración por el secuestro de Rodolfo Walsh, jefe de inteligencia de Montoneros, el entonces teniente de navío Antonio Pernías. Y mañana lo hará el ex marino Alfredo Astiz. En los años de la represión los dos eran «cadena de comando», ejecutores de órdenes que partieron del más alto nivel de la Armada.
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