El gobierno dispuso relevar de la obligación de guardar secreto a todos los marinos o ex marinos acusados de espionaje político en Trelew. El Decreto Nº 372/06 publicado ayer en el Boletín Oficial apunta a facilitar el trámite del juez federal de Rawson, Jorge Pfleger, a cargo de la investigación, comprende a todos los agentes o ex agentes que hayan sido citados o puedan serlo y «se extiende a cualquier otro tribunal federal que resulte competente en el futuro». Uno de los artículos del decreto les encomienda, sin embargo, a los jueces la responsabilidad de proteger los «secretos militares» que se les confíen en esas declaraciones.
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La medida se enmarca en la política del gobierno nacional de levantar la confidencialidad de hechos de «trascendencia institucional», como ya lo había resuelto con los agentes de la SIDE que declararon ante la Justicia por los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). La ministra de Defensa, Nilda Garré, había sido interiorizada de ciertos inconvenientes en el avance de las pesquisas del sumario militar que en paralelo lleva adelante el vicealmirante Benito Rótolo, segundo de la Armada. Los marinos de la Sección de Inteligencia de la Base Almirante Zar imputados en la causa están amparados por la legislación específica que les impide revelar sus actividades en resguardo de la seguridad de la Nación, si no media una decisión de la máxima autoridad castrense: el presidente de la Nación.
Doctrina
También recibió información pormenorizada de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia acerca de cómo manejar los datos que surjan de la causa para no vulnerar la disciplina del secreto prevista en la ley de inteligencia. Es que cuando se desató el escándalo y antes de que actuara la Justicia Federal, una delegación de funcionarios del ministerio encabezada por el secretario de Asuntos Militares, irrumpió en oficinas del Servicio de Inteligencia Naval ubicadas en el edificio Libertad sin resguardar la protección de material e información.
En esa sesión a puertas cerradas convocada por los legisladores estuvieron presentesel secretario de Asuntos Militares, José Vásquez Ocampo; el director de Inteligencia Estratégica Militar, Carlos Aguilar, y el subsecretario de Asuntos Técnicos Militares, Esteban Montenegro. Los parlamentarios les recordaron la existencia de doctrina de inteligencia conjunta que prevé esa actividad en el marco interno en determinadas situaciones de gravedad institucional.
Horas más tarde, Defensa disparó una instrucción -y la gacetilla a la prensa- a los jefes de las fuerzas para revisar todos los reglamentos y disposiciones correspondientes en búsqueda de contradicciones con la ley de inteligencia. Hubo un manto de piadosa comprensión en el Congreso para el secretario de Asuntos Militares, pues su progenitora integra la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, argumento que moderó las críticas hacia su efusividad a la hora de encarar la crisis en la inteligencia naval.
Finalidad
Garré, aconsejada por la dirección de asuntos jurídicos del ministerio, incorporó letra al decreto que no deja lugar a dudas sobre hasta dónde deberían hablar los imputados: «...hechos que se vinculen directa o indirectamente (con el espionaje político) respecto de todas las pesquisas, documentación, datos, personal afectado, diligencias o reuniones de información de las que hubieren participado o tomado conocimiento...».
El párrafo apunta a dilucidar si lo que hicieron los marinos en la Base Almirante Zar fue compartido con otros organismos de inteligencia presentes en la región: Ejército, Fuerza Aérea, SIDE, Prefectura, Policía de la provincia de Chubut y Gendarmería. ¿Se quebrarán códigos de los espías en pos de la verdad?
El magistrado Pfleger aún no tomó ninguna declaración, ayer autorizó la postergación de las indagatorias -el primero de la lista es el suboficial Alfredo Andrade- a pedido del defensor, quien sostuvo que no había tenido acceso a las fotocopias de la causa para preparar elementos de prueba de sus clientes. Aunque en el tribunal se dice que la postergación permitirá que declare en primer lugar el vicealmirante Eduardo Avilés, ex comandante de Operaciones Navales de quien dependía en forma directa la actividad de inteligencia de la Base Zar.
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