La Justicia obtuvo ayer la primera prueba que involucraría a dos secretarios de Estado del gobierno de Néstor Kirchner en el presunto cobro de coimas a la constructora sueca Skanska para la adjudicación de obras públicas. Es un tesoro de cintas que se encontraron en Skanska con testimonios que le dan un nuevo giro a la causa, en dirección de funcionarios públicos. Inevitable pensar en el caso Watergate, donde unas cintas voltearon a un presidente.
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Anoche, el juez federal Guillermo Montenegro citó a indagatoria a los dos funcionarios y a seis ex directivos de esa empresa y al presidente de la firma fantasma Infiniti Group, Adrián López. A todos les imputa el delito de presunto cohecho, que prevé una pena de hasta seis años de prisión.
La trama del affaire Skanska comenzó a desarmarse el martes por la noche en el juzgado de Javier López Biscayart con la declaración del auditor de la empresa, Claudio Corizzo.
Un amansador interrogatorio de ocho horas posibilitó que López Biscayart recuperase dos grabaciones en las que se mencionaría a Fulvio Madaro, del Enargas, y a Néstor Ulloa, de Nación Fideicomiso, como los supuestos destinatarios de las «comisiones indebidas» que la firma sueca admitió haber pagado para quedarse con la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
Por esas obras, Skanska desvió 13,4 millones de pesos que fueron simulados en 118 facturas truchas compradas a 23 sociedades fantasma. Una era Infiniti Group.
Las cintas reproducirían un diálogo entre ex directivos de Skanska, durante el cual se habría decidido cómo se distribuiría la comisión: 3% para el Enargas y 2% para Nación Fideicomiso. Esos dos organismos tenían control pleno sobre las obras de los gasoductos.
Sin embargo, se dudaba ayer del valor judicial de esas grabaciones. Ya ha habido casos en los que se culpaba a personas por registros de voces y después terminaban siendo exculpadas, previo escarnio público. La prueba fue remitida lo mismo al juzgado federal de Montenegro, encargado de investigar las coimas. López Biscayart debió desprenderse de ese material porque le está vedado indagar sobre el cohecho. Sólo debe actuar en la causa de evasión.
Las grabaciones aparecieron luego de un exigente interrogatorio a Corizzo. El contador de Skanska fue el artífice de un sumario interno que responsabilizó a siete ex gerentes del pago de presuntas «comisiones indebidas» por obras públicas. Los ex directivos fueron desvinculados de la empresa, pese a lo cual recibieron suculentas indemnizaciones.
En su auditoría, Corizzo habría culpado de esa irregularidad al ex gerente de Operaciones local Juan Carlos Bos. También señaló que el ex gerente de Knowledge Corporativo Héctor Obregón y el ex gerente comercial para la Argentina Javier Azcarate habían sido grabados mientras admitían el pago de los sobornos en la ampliación de los dos gasoductos.
Según el informe interno, los dos ex directivos junto con el ahora Techint Alejandro Gerlero y Bos habrían actuado por indicación del ex CEO Gustavo Vago.
Gerlero puso en duda en su declaración indagatoria la veracidad de la auditoría interna realizada por Skanska. El ex gerente dijo que fue armada para beneficiar a la empresa.
López Biscayart interrogó a Corizzo recién llegado de Praga y después de unas cuantas horas ordenó sendos allanamientos en busca de las cintas cuya existencia habían sido negadas por el auditor. Esa prueba fue secuestrada de la computadora que empleaba Corizzo en la sede central de Skanska. El auditor fue acusado de falso testimonio y luego de pasar varias horas preso fue excarcelado (ver aparte).
«Las grabaciones fueron dolosamente ocultadas», se sinceró una fuente del juzgado de López Biscayart.
Quienes las escucharon relataron a este diario que «son escandalosas» y revelan con lujo de detalles cómo se gestó y ejecutó la maniobra.
De ese material se desprende que la auditoría interna de Skanska fue «recortada» para favorecer a la empresa a nivel nacional e internacional.
Perjudica a buena parte de los siete ex gerentes acusados y, también, a entes y funcionarios del Estado con rango de secretarios.
Destapa cartelización de las empresas en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur administrados por la TGN y TGS, respectivamente, y en otras obras públicas del interior del país.
La hipótesis del tribunal es que Skanska reconoció el pago de «comisiones indebidas» y pagó al fisco la evasión de 13,4 millones para ocultar un negocio mayor: el reparto de la obra pública, una maniobra que era extensiva a obras de Chile y Perú.
La vinculación de funcionarios en el escándalo de Skanska obligó a la Casa Rosada ayer a echar de sus puestos a Madaro y Ulloa (ver aparte). En paralelo, el juez Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli dispusieron la indagatoria de los dos funcionarios separados del Enargas y del Fideicomiso, y la citación del ex presidente de Skanska Gustavo Vago; del gerente del proyecto Deán Funes, Alejandro Gerlero; del ex gerente comercial Alejandro Azcarate; de operaciones Juan Carlos Bos; del ex directivo Ignacio Uribelarrea; de Mario Piantoni; del contador Alfredo Greco; del auditor Claudio Corizzo, y del titular de Infiniti, Adrián Félix López.
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