Caracas (EFE, Reuters) - Con pocas certezas y mucha incertidumbre sobre su anunciado plan de estatización de las empresas de servicios públicos, Hugo Chávez asumirá hoy, por tercera vez, el poder en Venezuela, un mandato que concluirá en 2013.
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En respuesta a las declaraciones nacionalizadoras realizadas el lunes por Chávez, los mercados acusaron ayer un duro impacto, demostrando la inquietud de los inversores ante las dudas sobre cómo se llevará a cabo el plan del venezolano.
Desde el gobierno, el nuevo ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, salió a intentar calmar los mercados, aunque sin dar mayores explicaciones. «Mañana (por hoy) el presidente ampliará un poco sobre este tema», expresó el ministro tras un acto en su despacho en el que designó a su nuevo equipo.
Cabezas declinó ahondar en detalles de cómo el gobierno ejecutará la nacionalización de la mayor empresa privada del país, la telefónica CANTV, ni sobre si el anuncio afectará a Electricidad de Caracas, la mayor privada de su ramo, o la exploración, explotación y mejoramiento del petróleo en la zona del Orinoco. Sólo dijo que «la fortaleza de la economía venezolana nos permitirá superar cualquier circunstancia que aparentemente pueda presentarse como difícil. Tenemos suficiente fortaleza como para resolver los problemas institucionales, legales. De manera que vamos a seguir adelante».
Conflicto
Por lo pronto, no está claro si los accionistas de las empresas a ser reestatizadas recibirán compensaciones, indemnizaciones o simplemente el Estado venezolano se las apropiará, lo que causaría un conflicto severo con los países de donde provienen los capitales invertidos.
Ni siquiera respecto de las petroleras, sector en el que se habían iniciado acuerdos que significaron emprendimientos mixtos con mayoría estatal, se sabe si se continuará la senda iniciada o si se hará borrón y cuenta nueva dejando de lado a las empresas involucradas.
La única certeza acerca del plan estatizador es la herramienta que Chávez utilizará para que estas iniciativas comiencen a ejecutarse casi de inmediato. Los «poderes especiales» que, como dijo en su discurso del lunes, solicitará a la Asamblea Nacional (AN) por medio de un proyecto de «ley habilitante», serán el instrumento que le permitirá nacionalizar las empresas.
Será la AN, en un plazo posiblemente inferior a los 15 días, la que establecerá el alcance de estos poderes y la duración de los mismos, aunque todo hace presumir que serán tan extensos y duraderos como los solicite el presidente.
No hay que olvidar que la oposición renunció a estar presente en la AN, al no presentarse a las elecciones legislativas de diciembre de 2005, y que los 167 diputados de la Cámara pertenecen a grupos o partidos que apoyan al gobierno.
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