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Su función principal es preservar la competitividad internacional de las actividades productivas más eficientes, sea de productos primarios y manufacturas industriales exportables, como de bienes que en calidad y precio compiten con las importaciones. Ello posibilita un equilibrio dinámico del balance de pagos, a mediano plazo, habida cuenta no sólo del intercambio internacional de mercancías y servicios sino también, de los egresos relacionados con los pagos la deuda externa pública y privada con el extranjero, así como de los ingresos relacionados con las inversiones productivas directas de capitales extranjeros, hechas con propósitos de durable residencia en el país.
Alterar discrecionalmente esa paridad de equilibrio ocasiona graves daños a la sociedad, por cuanto genera una desarmonía en la actividad económica que debilita el crecimiento económico y restringe la ocupación de las dotaciones laborales y de la capacidad productiva instalada, lo cual se traduce, finalmente, en desempleo forzoso y descenso de los salarios «reales» y de la rentabilidad empresaria. Este experimento ya fue hecho en los años '90, ocasionando un deprimente impacto en la economía nacional, con un creciente desempleo, que culminó en el estallido de la economía, en el año 2001.
Existe sin embargo la sensación, en algunos círculos financieros, en cuanto a que el tipo de cambio actual, sostenido por el Banco Central en una paridad de $ 2,90 por dólar, es algo excesivo y que debiera ser morigerado, dejando que el mercado de cambio determine libremente el precio de las divisas, sin intervención reguladora de la autoridad monetaria. En el mercado de cambios predomina, desde mediados de 2002, una considerable oferta excedente de moneda extranjera que es absorbida por el Banco Central. En parte, ese excedente proviene del robusto aumento de las exportaciones y de una inicial disminución de las importaciones que, al presente tienden rápidamente a acrecer. Existen, sin embargo, otros factores que explican ese aparente sobrante de divisas.
En primer lugar, la declaración de una cesación de pagos de la deuda pública externa con los inversores privados, posibilitó la ausencia del Estado en el mercado de cambio como demandante de las divisas necesarias para cumplir con las obligaciones de esa deuda. Esta situación posiblemente ha de modificarse a partir de ahora, ya que el Estado comenzará a cumplir con esos compromisos, que han sido reprogramados. No hubo en cambio «default» en los compromisos de pago del Estado con los organismos financieros multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID. En los últimos tres años esos pagos sumaron cerca de u$s 10.000 millones y fueron hechos con empleo de las reservas monetarias internacionales que, a su turno, debieron ser repuestas adquiriendo el Banco Central la oferta excedente del mercado de cambio mediante operaciones de mercado abierto. Esas compras permitieron también hacer previsiones para cumplir con los pagos a los acreedores privados y a esos organismos, durante los próximos doce meses. Esas operaciones tuvieron un efecto monetario expansivo que fue absorbido, en parte, por el aumento de la demanda de dinero atribuible a la reactivación económica y, en alguna medida, mediante la venta al público de bonos de esterilización monetaria emitidos por el Banco Central.
Todo nos indica que el mercado de cambio ha sido y es todavía un «mercado incompleto» debido a la no concurrencia plena de la demanda del sector público «no financiero». Sin una subsidiaria concurrencia del Banco Central, el precio que se habría determinado en ese «mercado incompleto» no habría sido, de manera alguna, un «precio de equilibrio» entre la oferta y la demanda total de moneda extranjera de la economía nacional. En consecuencia no habría sido un tipo de cambio congruente con el equilibrio del balance de pagos internacionales, a mediano y largo plazo.
Es posible que esta situación tienda a modificarse en el futuro, tan pronto como el Estado comience a honrar sus obligaciones en moneda extranjera con fondos provenientes de su «superávit fiscal primario», accediendo a una directa adquisición de divisas en el mercado de cambio a través del Banco de la Nación Argentina como agente financiero del Tesoro. Esto ha comenzado a ocurrir de manera incipiente. Si este proceder se generaliza y el sector público no financiero concurriera en plenitud al mercado para satisfacer su demanda total de divisas, con los fondos de su superávit fiscal primario, que este año podría llegar a ser de u$s 7.000 millones, sus compras no ocasionarían expansión monetaria ni tendrían efectos inflacionarios colaterales, lo cual haría innecesario incurrir en los costos financieros que ahora tiene la emisión de bonos de esterilización indexados.
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