La pregunta que falta en el caso Agostina Vega: qué ocurrió antes del crimen

El caso Agostina Vega obliga a mirar más allá de la tragedia, para entender dónde la sociedad fallo antes. Exige un debate entre los actores de una comunidad que busque entender los vínculos asimétricos, la protección de las adolescencias y las responsabilidades del mundo adulto.

Archivo. El caso Agostina Vega exige prevenir y comprender la etapa previa al desenlace.

La Voz

El caso Agostina Vega conmueve por su desenlace, pero interpela por algo todavía más profundo: la necesidad de mirar hacia atrás. Antes del hecho. Antes del horror. Antes de que una adolescente de 14 años quedara atrapada en una situación que hoy obliga a la Justicia, a los medios, a las familias y al Estado a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurrió antes?

Esa pregunta no busca desplazar responsabilidades ni poner bajo sospecha a la víctima. Todo lo contrario. Busca evitar una de las formas más frecuentes de injusticia social y mediática: analizar la conducta de una adolescente como si se tratara de una persona adulta, plenamente autónoma, ajena a condicionamientos, influencias, miedos, dependencias emocionales o vínculos asimétricos.

Cuando una niña o adolescente ingresa a la vivienda de un adulto, la pregunta seria no puede ser formulada desde el prejuicio. Debe formularse desde la protección: ¿lo conocía previamente?, ¿existía una relación de confianza?, ¿lo percibía como alguien seguro?, ¿hubo mensajes o conversaciones anteriores?, ¿se sintió escuchada, comprendida o protegida?, ¿existió presión, intimidación, amenaza o manipulación emocional?

En materia de niñez y adolescencia, el contexto no es un detalle: es el centro del análisis.

El caso Agostina Vega

La violencia contra niños, niñas y adolescentes no siempre comienza en el momento visible del hecho. Muchas veces se construye antes, de manera silenciosa, progresiva, casi imperceptible para el entorno. Puede comenzar con una confianza mal utilizada, con una cercanía aparentemente inofensiva, con una influencia adulta que se presenta como contención, con una palabra que persuade, con una amenaza que condiciona o con una vulnerabilidad que nadie advirtió a tiempo.

La adolescencia es una etapa de construcción de identidad, de búsqueda de pertenencia, de necesidad de reconocimiento y escucha. Por eso, frente a un adulto, una adolescente nunca se encuentra en una relación de paridad real. Hay una asimetría objetiva: de edad, de experiencia, de poder simbólico, de capacidad de persuasión y, muchas veces, de dominio emocional.

La Justicia avanza en la investigación del asesinato de Agostina Vega.

Captura

Ignorar esa asimetría es una forma de adultocentrismo. Y el adultocentrismo, cuando analiza tragedias que involucran a menores de edad, puede terminar siendo profundamente injusto.

Desde el Derecho Civil, el Derecho de Familia y los derechos humanos de la niñez, existe un principio que debe ordenar cualquier debate público: cada niño, niña y adolescente es sujeto de derechos. No es un objeto de consumo informativo. No es una imagen viral. No es un expediente reducido a morbo. No es una estadística más en la agenda de inseguridad. Es una persona en desarrollo, con dignidad propia, con derecho a ser protegida, escuchada y respetada.

Por eso, el caso Agostina Vega no debería quedar atrapado únicamente en la crónica policial. Su gravedad exige una mirada más amplia: jurídica, social, institucional y cultural. Porque si la sociedad solo mira el desenlace, pierde la posibilidad de comprender los mecanismos que hicieron posible el riesgo.

La pregunta no es por qué una adolescente no se protegió mejor. La pregunta es por qué el mundo adulto no llegó antes.

Allí aparece el verdadero desafío. Las familias, las escuelas, los organismos de protección, los servicios de salud, los juzgados, los medios de comunicación y la comunidad tienen una responsabilidad compartida: detectar señales, escuchar a tiempo, intervenir antes de que el daño sea irreversible y dejar de naturalizar vínculos desiguales entre adultos y adolescentes.

El Derecho Penal llega, muchas veces, cuando la tragedia ya ocurrió. La prevención, en cambio, exige una mirada anterior. Exige comprender la etapa previa. Exige analizar si hubo captación, manipulación emocional, amenazas, coerción, vulnerabilidad familiar o afectiva, carencias de contención o fallas en las redes de cuidado.

En estos casos, hablar de confianza no es menor. La confianza puede ser un vínculo sano, protector y necesario. Pero también puede convertirse en una herramienta de sometimiento cuando es construida por un adulto que aprovecha la fragilidad emocional de una adolescente. A veces la violencia no se anuncia como violencia. A veces se disfraza de comprensión. A veces la captación se presenta como afecto. A veces el peligro ingresa por la puerta de una falsa seguridad.

La cobertura pública de estos hechos también debe asumir límites éticos. Informar no puede significar revictimizar. Exigir justicia no puede habilitar la cosificación de una niña. Opinar no puede convertirse en un juicio social contra quien debía ser protegida.

Cuando una adolescente es tratada como objeto de debate, se vuelve a negar su dignidad. Cuando su historia se reduce a una pregunta mal formulada, se vuelven a vulnerar sus derechos. Cuando su vulnerabilidad es leída como consentimiento pleno, la sociedad fracasa en su obligación más básica: proteger a quienes se encuentran en situación de mayor indefensión.

El caso Agostina Vega debe doler, pero no solo desde la conmoción inmediata. Debe producir una reflexión más profunda sobre cómo miramos a las adolescencias, cómo interpretamos sus silencios, cómo acompañamos sus vínculos y cómo actuamos frente a las señales de riesgo.

La Argentina necesita discutir estos temas con seriedad. No desde el morbo ni desde la indignación fugaz, sino desde una agenda real de protección integral. Hace falta fortalecer dispositivos de prevención, capacitar operadores, mejorar la escucha institucional, educar sobre vínculos asimétricos, advertir mecanismos de manipulación y comprender que la vulnerabilidad adolescente no puede ser analizada con categorías propias del mundo adulto.

Agostina Vega no puede ser apenas un nombre que circule unos días en los portales. Debe ser una advertencia. Una interpelación. Un límite. Una oportunidad dolorosa para revisar qué hace la sociedad antes de que la violencia se consume.

La justicia no consiste únicamente en sancionar después. También consiste en aprender antes.

Y aprender, en este caso, implica asumir una verdad incómoda: ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente debería quedar solo frente al poder, la influencia, la manipulación o la violencia de un adulto.

Porque cada niño, niña y adolescente es sujeto de derechos. Siempre.

Y porque una sociedad que no protege a sus infancias y adolescencias no solo falla en el presente: compromete, silenciosamente, su propio futuro.

Roberto Villalobos Atlas. Abogado, e specialista en Derecho Civil, Derecho de Familia y Derechos Humanos de la Niñez.