Ruiz negó espionaje ilegal: desligó a Majdalani y dijo recibir órdenes 'verbales' del área de Destéfano

Política

Declaró 6 horas y repitió estrategia de causa ´Instituto Patria´. Se defendió de cargos y apuntó a que sus superiores eran Dalmau Pereyra y Coste.

El exdirector de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, declaró en indagatoria ante el juez Juan Pablo Augé en la citación remanente a la primera tanda de los convocados por la causa principal de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Presentó un escrito en el que describió funciones y cuadro de responsabilidades dentro de la AFI para desligarse de tareas de producción de inteligencia ilegal. Sin desmentir que hayan existido, aseguró que ninguna de sus instrucciones fue en ese sentido.

Sin embargo, en la causa de Lomas de Zamora constan intercambios de WhatsApp donde se referencian las indicaciones dentro del grupo de chat de espías y tal como reveló este diario había audios donde el exAFI se identificaba con la palabra “Ojeem” para dar cuenta a su interlocutor de quién era el llamado. “Si realmente existieron esas tareas ilegales, no fueron producto de las órdenes de Alan Ruiz, ni de su grupo”, sostuvo su defensor Leandro Emsani. En la indagatoria, Ruiz apuntó que actuó en un “marco de legalidad”.

Ruiz repitió así su estrategia en la causa en la que ya fue procesado. “Presentó un descargo por escrito. Relató cómo era el organigrama de la AFI y cuál su función. Rechazó la imputación. Dijo que todas las tareas se hicieron en un marco de legalidad y que participó de tareas de prevención”, sostuvo su abogado Leandro Emsani, tras salir de la indagatoria ante Augé, que duró unas seis horas. Ruiz reconoció que no tenía acceso a las supuestas órdenes judiciales que daban amparo legal a sus tareas sino que ellas pasaban por el área de Jurídicos y a él le daban la orden verbal. Jurídicos estaba a cargo de Juan Sebastián Destéfano. Esos seguimientos y fotografías son parte de las 60 carillas que le fueron exhibidas a Ruiz como parte de los legajos que se identificaron sobre inteligencia clandestina.

A pesar de que diversos testigos y acusados señalaron que Ruiz ejercía un cargo que no estaba determinado dentro del organigrama de la AFI y que respondía a órdenes directas de Silvia Majdalani, el imputado “dijo que sus superiores inmediatos fueron los ex jefes de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste”. Ruiz desconoció además los audios en los que se lo escuchaba decir que iban a “alambrar” (colocar cámaras y micrófonos) en distintos complejos penitenciarios en diálogos mantenidos con algunos de los agentes a los que daba órdenes. Llegó a las 12.30 al Juzgado Federal de Lomas de Zamora para prestar declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a políticos, empresarios, periodistas. Augé tendrá diez días hábiles para definir la situación procesal de los 22 indagados en el primer tramo, quienes en su mayoría declararon ante Federico Villena antes de ser marginado de la investigación.

A Comodoro Py

Mientras tanto, Gustavo Arribas, convocado a indagatoria para el martes próximo, siguió los pasos de su segunda, Silvia Majdalani, y radicó una causa en Comodoro Py con la intención de intentar atraer hacia Retiro toda la investigación que está en Lomas, tal como anticipó ayer Ámbito. La presentación que hizo su abogado Alejandro Pérez Chada, el mismo que comparte con Macri, fue enviada a sorteo y recayó en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti. La magistrada debe definir si reclama parte del caso, a la vez que Sebastián Ramos, otro de los jueces federales de Retiro, reclamó solo la parte de la causa que corresponde al atentado sufrido por el exAFI José Luis Vila, tal como lo había indicado el camarista Mariano Llorens. Restará determinar si el fiscal Guillermo Marijuan insiste en el pedido para absorber toda la causa en Comodoro Py.

Imputación

Simultáneamente, el fiscal federal Ramiro González imputó a Arribas y a Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad, tras la denuncia de la interventora Cristina Caamaño. También corrió la misma suerte el extitular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación. Tasar las armas, analizar si existían facultades para su comercialización. Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento “en condiciones de rezago” porque no resultaba “económicamente rentable ni factible su recuperación”. Para autorizar la operación de venta, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba “como material en desuso”. El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

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