La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados inició este martes el debate del proyecto de ley que impone severas sanciones a la corrupción empresaria contra la Administración Pública, cuya aprobación fue solicitada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de apertura de las sesiones ordinarias.
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La presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical jujeña Gabriela Burgos, abrió el debate de la comisión que acordó reunirse con la de Legislación General para avanzar en la discusión con la presencia de funcionarios y especialistas.
"Tenemos que reforzar la legislación que tenemos", explicó Burgos, sobre la iniciativa que castiga de distintas formas la corrupción hacia la administración pública y el soborno trasnacional cometidos por empresas.
Una de las primeras citadas a exponer será la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, defensora del proyecto, elaborado por recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Alonso expondrá sobre esta iniciativa esta semana, cuando participe de la reunión en París de la OCDE, el organismo al que la Argentina aún no pudo ingresar porque -entre otras razones- pese ser uno de los 41 firmantes de la Convención Antisoborno, no tiene una ley que penalice la corrupción empresaria.
Hasta acá, la Argentina no tiene una ley que condene a una empresa por los delitos de corrupción contra el erario público, ya que hasta ahora la sanción solo se puede aplicar al responsable de la firma, pero esto no implica que esa firma deba interrumpir su actividad.
Por esa razón, la Oficina Anticorrupción envió en octubre un proyecto de ley para incorporar un artículo en el Código Penal que contemple penas a las empresas vinculadas a delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias y negociaciones incompatibles.
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