Auditoría da duro golpe a candidatura de ibarra

Se complicó ayer Aníbal Ibarra en su campaña para ser reelecto como jefe de Gobierno porteño, con el abultado informe de la Auditoría General de la Capital Federal sobre serias irregularidades durante las refacciones del edificio del ex Concejo Deliberante porteño, hoy Legislatura. La remodelación se hizo durante la gestión de Ibarra como vicepresidente legislativo, con las facultades administrativas. Los auditores detectaron numerosos defectos en la ejecución de casi u$s 16 millones. Habría sobreprecios, licitaciones incorrectas y muchas observaciones que podrían sugerir corrupción.

La investigación, que en este caso realizó el organismo de control de la Ciudad, ya cuenta con al menos dos causas judiciales. Una obedece a una denuncia radicada en el Juzgado 48 y otra al inconveniente con una de las empresas contratadas.

A primera vista, el informe que abunda en tecnicismos fue evaluado por asesores de diferentes fuerzas políticas, los que detallaron algunas curiosidades, que deberá considerar la Legislatura para que el informe preliminar termine en «final» con las recomendaciones o acciones que deriven del análisis.

Durante el transcurso de las tareas de demolición, previas a la refacción del magnífico palacio de la peatonal Perú (exclusiva porque circulan auto-móviles allí) no se habría realizado inventario de 230 equipos de aire acondicionado, de los cuales figuran 142 dados de baja y 18 denunciados como «robados».

Verifican además los auditores que no fue instalado un sistema de climatización inteligente que figuraba en el proyecto, como tampoco el sistema de voto electrónico. Se señala en ese aspecto que «sanitarios y vestuarios del personal han quedado inconclusos y no se pueden utilizar» ni tampoco funciona un montacarga destinado a retirar residuos.

Como particularidades, se da cuenta que mientras los auditores realizaban sus trabajos, en setiembre de 2000, les fue «sustraída del lugar asignado» en la Legislatura «la computa-dora cedida a tal fin en carácter de préstamo».

Señalan que «en las contrataciones examinadas se verifica insuficiencia, imprecisión y/o carencia de análisis de precios a los efectos de establecer el precio indicativo de las contrataciones».

Indican también que en las licitaciones se pedía una marca específica de producto y que en los certificados de obra «se han observado deficiencias formales consistentes en enmiendas y/o refoliaturas» o «firmas sin aclaración».

Ya en julio de 2000, una auditoría interna había recomendado sumarios en torno a una de las licitaciones referidas a un adicional de $ 425.000 para tareas de plomería.

En cuanto a «adicionales» que son numerosos de acuerdo con el informe al que tuvo acceso este diario, se habla del pago de u$s 127.322 para reemplazar «el equipo de audio existente» cuyo cambio se previó en $ 24.000 y terminó costando más de $ 127.000 sin que surja «del expediente alguna documentación que acre-dite que el equipo existente era obsoleto y no justificaba su reparación».

Otro adicional incrementó en más de $ 30.000 el sistema de sonido y votación en el recinto, a pesar de que una empresa reconocida lo había cotizado en $ 91.000 y se terminó pagando $ 127.000. De acuerdo con asesores de diferentes bloques «se habrían pagado unos $ 4 millones en sobreprecios».