Sin que se haya definido la "Copa" en la Corte, ya se analiza futura demanda por el impuesto Leliq

Advertencia del BCRA a Rodríguez Larreta con antecedente del máximo Tribunal a su favor, pero con "atenuantes". Antesala de judicialización de los bancos. Se van a rellenar cargos clave, en breve.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El último sprint del año judicial girará en torno a los números. Al dinero. La nota enviada por el BCRA, el viernes último, referida a que la Ciudad de Buenos Aires podría complicar la política monetaria que aplica la entidad conducida por Miguel Pesce de aplicar un impuesto sobre las Leliq, fue tan sólo la primera advertencia. Explícitamente se mencionó que la Corte Suprema tiene jurisprudencia sobre el avance de los distritos sobre sus regulaciones y recordó el caso del Banco Credicoop Cooperativo Limitado contra Entre Ríos sobre acción declarativa de certeza, del año 2014. El pedido para que “desista” será el primer paso previo a una eventual judicialización que podría (cuando no) terminar en el máximo Tribunal. El escenario ofrece matices: la picardía de Horacio Rodríguez Larreta para compensar la quita de coparticipación que Nación hizo por decreto –y también está judicializada-, en rigor, no agrega un nuevo impuesto, sino que elimina una exención. Así, se podría aplicar el 7% de impuestos a los bancos sobre la tasa de interés de las Leliq y gravar los pases que toman del BCRA, por lo que la expectativa de cobró ronda los $40 mil millones.

Todo atado a que se apruebe el Presupuesto 2021 y mientras Nación tironea aún más en el Congreso para aprobar transferencia progresiva a la Ciudad de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad, algo que tendrá un hito hoy a instancias del Frente de Todos. Rodríguez Larreta condiciona su eventual aplicación a que la Corte falle de manera adversa a la pretensión –vía medida cautelar- de congelar el recorte que hizo Alberto Fernández sobre un porcentaje de la coparticipación que Mauricio Macri había entregado so pretexto de la transferencia de las comisarías porteñas de la Federal. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales vienen llevando el tema sin prisa pero sin pausa, lo que desorienta a quienes desde la órbita capitalina otean el horizonte en busca de una sentencia aliviadora, tarea delegada en Marcelo D´Alessandro, el mastín del jefe de Gobierno para los asuntos de Corte. En el último Zoom de ministros el tema se pasó por alto y (por ahora) no ha formado parte de la agenda de discusión. Eso no quita que cada una de las vocalías tenga bastante “masticado” el asunto a la espera de activarse apenas reciban la instrucción de los ministros, algo para lo que primero, debería haber tres voluntades como mínimo.

La advertencia del BCRA tuvo toda la intención de mostrarse disuasiva ante el intento del PRO de rascar la olla del mundo financiero para hacerse de fondos. Pero existen contras para la estrategia de la entidad monetaria: no sólo es la eliminación de una exención y no un tributo nuevo, sino que dos provincias –Tucumán y Córdoba- tienen gravámenes similares. El último obstáculo lo representa la personería para demandar. Por su naturaleza, Ingresos Brutos recae en los propios bancos que operen los pases y las Leliq que son sujetos pasivos del impuesto, y no puntualmente en el BCRA que no está directamente damnificado, pese a que –como advierten- esto podría trastocar los instrumentos de política monetaria que ejecutan. De aprobarse el Presupuesto 2021 para la Ciudad en esos términos, ¿Podrían entonces los bancos ser los demandantes ante la Corte Suprema reclamando competencia originaria? Examinando esa variable hay ahora expertos tributaristas de la AFIP asesorando a los referentes –principalmente- de los bancos públicos. El conflicto está planteado en varios frentes y desde la Ciudad sienten que el tiempo se les consume sin siquiera un guiño de la Corte.

La otra cuestión que quedó sobre la mesa para los que leyeron fino los anuncios del presupuesto porteño es el impuesto del 1,2% de sellos aplicables a los consumos con tarjeta de crédito. “Las entidades emisoras” estarán alcanzadas, según los anuncios. Eso significa que más allá del domicilio del titular –donde en algunas jurisdicciones ya se aplicaba el tributo, los consumos de todos aquellos cuyo banco emisor esté situado en la Capital Federal verían reflejado en sus consumos ese nuevo descuento. Eso incluye los “paquetes” de las cuentas sueldo y para un universo mucho más amplio de personas que por cuestiones laborales pudieran tener plásticos emitidos en territorio porteño.

El resto del mundo judicial observa como tema dominante lo que ocurra con la Procuración General y con la modificación de la ley que permitirá al oficialismo nominar a un jefe de fiscales con mayoría absoluta y por un plazo limitado. El kirchnerismo paladar negro pasó de ignorar las advertencias sobre la quita de legitimidad que implicaría flexibilizar el nombramiento deslizados por Daniel Rafecas a coincidir en la necesidad de “sostener” su candidatura para evitar una desautorización al Presidente, que se colgó al hombro la tarea de convencer al juez de agarrar el cargo más allá del toqueteo normativo. Rafecas está convencido de que un cargo con fecha de vencimiento y mayorías recortadas no lo dejaría en buena posición para ejercer frente a los halcones vitalicios de Comodoro Py. Si se traba en Diputados la reforma por falta de voluntades, Eduardo Casal vería su interinato extendido hasta mediados del año próximo. Sería el segundo naufragio en la Cámara baja: el primero fue la reforma judicial a la que ahora se superpuso el trabajo del consejo de notables. En materia judicial, en sólo un año, hubo una profusa producción de material bibliográfico.

El Gobierno sí logró –antes de fin de año- ir completando casilleros estratégicos que venían demorados por la pandemia. Uno de ellos es, sin dudas, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con el envío del pliego de Alejo Ramos Padilla para el juzgado con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires que concentra el 37% del padrón. Eso lo aleja de la carrera por la Cámara Federal de Comodoro Py pero también de la causa D´Alessio, con tramos para ser elevados a juicio pero que puede desairar a quienes esperan que atraiga el caso de espionaje de Lomas de Zamora, en lugar de Retiro. Ramos Padilla reemplazó el pliego de Laureano Durán, propuesto por Macri el año pasado pero con aval del PJ bonaerense. Su premio consuelo no es nada desdeñable: tiene lugar asegurado en la Cámara Federal de La Plata.

El Consejo de la Magistratura debe despejar algunas incógnitas antes de finalizar el año: una de ellas es destrabar el concurso 412 y elevar la terna para que el Poder Ejecutivo pueda enviar al Senado el pliego del abogado Roberto Boico para la Cámara Federal de Comodoro Py. Y decidir cómo franquea el regreso de Eduardo Farah sin entrar en colisión con otros traslados, tras el fallo de la Corte.