Aulas porteñas abiertas a pesar de fallo; sigue espera a la Corte

Política

Algunas denuncias judiciales contra el Gobierno de la Ciudad y una carta de ministros nacionales a colegios privados sumaron polémica por clases presenciales.

El Ministerio de Educación porteño calculó que ayer abrió 94% de los colegios, entre estatales y privados, en medio de la polémica por la suspensión de la presencialidad, el aumento de contagios de coronavirus y una crisis que ya se empieza a sentir en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, sin certeza aún de cómo impactarán las medidas preventivas determinadas en el último decreto presidencial para amortiguar la segunda ola de la feroz pandemia.

A la espera de una definición de la Corte Suprema, el Gobierno porteño mantuvo ayer las clases presenciales en el distrito, a pesar del fallo de la Justicia Federal que determinó el cumplimiento del decreto presidencial que las suspendió hasta fin de mes.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su par de Justicia, Martín Soria, para intentar que se suspendiera la presencialidad, enviaron ayer una carta a la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP) para solicitarles “sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“A fin de aportar claridad y serenidad, condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación, le queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente”, señalaron los ministros y remarcaron “la confusión que ha generado el dictado de una medida cautelar para continuar con las clases presenciales suspendidas por la norma federal citada, que fuera dispuesta por un tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires sin competencia para adoptar esa decisión”.

El escrito concluye que “sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro” y señala que “el Gobierno nacional trabaja con todos los sectores para retomar la presencialidad en las escuelas, cuidando la salud de toda la comunidad”.

Fue el paso que dio el Gobierno ante la medida resuelta por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, quien ratificó la vigencia del DNU y que la Ciudad decidió no cumplir. La resolución ahora está en la Corte Suprema, ingresó por la Secretaría de Juicios Originarios que es la encargada de tramitar el reclamo del Gobierno porteño contra la suspensión de la presencialidad. La Corte, acerca del planteo de Larreta, ya corrió traslado por cinco días hábiles al Gobierno nacional.

Ayer, el jefe de Gobierno fue denunciado ante la Justicia Federal por no cumplir el fallo de la Justicia federal.

Las denuncias, que recayeron entre los juzgados de Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Servini, son por los delitos de desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, instigación a cometer delitos y abuso de autoridad, entre otros. A la vez, Furnari también recibió una denuncia por prevaricato, esto es fallar contrario a derecho.

En otro sentido, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió ayer que “Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia iniciada el 3 de marzo del año pasado”. La preocupación fue compartida en una reunión virtual del Consejo Federal de Salud que integran todas las provincias.

En la Ciudad, según datos del Ministerio de Salud, la ocupación de camas de terapia intensiva lleva al 68% en el sector estatal, mientras que los privados (obras sociales y prepagas) ya superan 85% de ocupación.

Los referentes de Salud de todo el país expusieron su preocupación sobre ese índice y coincidieron en la necesidad de “intensificar medidas y fortalecer los controles” para evitar la saturación del sistema sanitario.

El Gobierno porteño, inclusive, prepara una sala en el hospital Muñiz con 20 plazas “ante la necesidad” de camas a modo de reserva que pueda tener el sector privado.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, admitió el martes que entregó unos 50 respiradores a clínicas y sanatorios para que puedan “aumentar su capacidad de respuesta”.

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