Para mediados de setiembre, diputados, senadores y toda la comunidad universitaria tendrán preparado el bosquejo de los principales puntos extraídos del debate parlamentario sobre la prometida reforma de la Ley de Educación Superior, expresada por Cristina de Kirchner en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo.
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Luego de las desgastantes discusiones en el Parlamento sobre las retenciones móviles implementadas contra el sector agropecuario, la ronda de consultas por parte de la Comisión de Educación, presidida por la kirchnerista Adriana Puiggrós, pasará a partir de agosto a una segunda etapa. Mientras que en el primer semestre se llegó hasta a pedir los consejos de piqueteros K, el primer mes de la segunda parte del año será destinado a cubrir todas las propuestas del Interior del país.
En ese sentido, la comisión paseará por Córdoba, Salta, Rosario, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, entre otros puntos provincianos.
Los legisladores utilizarán la misma metodología que usaron a principios de año con las consultas a agrupaciones estudiantiles, al igual que a rectores de las principales universidades privadas de la ciudad, así como también a distintas organizaciones sociales, especialmente afines estas últimas al kirchnerismo.
Objetivo
«No sólo se debe discutir acerca de la autarquía, autonomía, becas o presupuesto para la universidad pública. El debate apunta a conformar una normativa que sea pensada para funcionar durante diez años más o menos, por lo cual va más allá de solamente esos puntos», sostuvieron ante este diario allegados a la Comisión.
Para las organizaciones estudiantiles más reacias a la polémica ley sancionada en 1995, bajo el mandato de Carlos Menem, los puntos principales a quitar son, entre otros, el que habilita a las universidades a cobrar aranceles; el que determina que las facultades de más de 50.000 alumnos puedan disponer sus propios sistemas de ingreso -lo que se lee como posibilidad de restricciones- y el que fija condiciones a los estatutos universitarios.
También, estaría en el interés del gobierno reformar la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), a la que se cuestiona la designación política de sus miembros. La Coneau es la que justamente se encarga de elegir los programas anuales de las carreras académicas. Es la que en definitiva decide qué se estudia y qué no.
Sin embargo, desde la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), no creen en que el proceso de discusión que se está desarrollando en el Congreso sea sincero.
«Disfraz»
«Como siempre pasa en estos temas, el debate es un disfraz para decir que se está haciendo algo en torno a la reforma, pero es obvio que todo esto va a terminar en la nada, porque así quieren que sea», se resignó el titular de la FUBA, Cristian Henkel.
En tanto, en junio pasado, el aparecido Julio Cobos; el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco; el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; la diputada Puiggrós y la jefa de la Comisión de Educación en la Cámara alta, Blanca Osuna, acordaron comenzar para el próximo mes con una serie de foros nacionales que, según sus intenciones, promueve la diversificación de propuestas «para poder llegar al mayor consenso posible».
Actualmente existen 11 propuestas expuestas por todos los bloques, tanto en Diputados como en el Senado.
En la Cámara baja hay dos del PRO, dos del radicalismo, uno del socialismo, uno del Frente para la Victoria, uno del ARI y uno del Movimiento Popular Neuquino. En tanto que en la otra existen tres documentos, aunque dos de ellos son gemelos de otros dos que están en Diputados.
A pesar de que el Poder Ejecutivo no presentó siquiera un proyecto, se espera que la ley esté lista para ser debatida y sancionada hacia diciembre. Será entonces cuestión de esperar.
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