Corte: anticipan ligera cosmética

Néstor Kirchner aseguró ayer en una larga presentación que el gobierno se autolimitará en sus atribuciones para designar jueces en la Corte Suprema de Justicia, en caso de que se produzcan vacantes. Aunque el cambio es sólo cosmético, afirmó que al gobierno no le interesa un tribunal «adicto» sino que aspira a realizar un «cambio profundo y conceptual» en la forma de hacer política. «No nos interesa conformar una Corte Suprema adicta», afirmó el Presidente al anunciar un nuevo sistema para la selección de los jueces del alto Tribunal, donde afirmó que «el único compromiso» que se requerirá a sus miembros es «con el país, con el Estado, con la democracia, con la defensa de los derechos humanos, con la República y con la Constitución». Un lugar común para cualquier designación en el sector público. En el discurso que pronunció durante casi media hora, Kirchner afirmó que «se inicia un camino irreversible», que apunta a «reconciliar a la política, a las instituciones y al gobierno con la sociedad». Básicamente el sistema adoptado a través del decreto 222, prevé tener en cuenta para la designación de jueces de la Corte, la opinión de ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones académicas y otras entidades sociales sobre cada uno de los candidatos a ocupar una vacante. Es decir, que todo el mundo interesado tendrá la impresión de que opina. Una experiencia ya hecha en Córdoba por el gobernador José Manuel de la Sota. • Autolimitación De esta manera el gobierno dice que se autolimita en sus facultades constitucionales para proponer a los jueces al Senado, «siempre dentro de los parámetros mismos de la Constitución y de una manera que no resulte contraria a lo que ella establece», aclaró el jefe del Estado. Quiso decir que el procedimiento seguirá siendo el mismo que marca la Constitución, es decir que el Poder Ejecutivo -o el gobierno-, será quien proponga al Senado los candidatos a ocupar las vacantes que se produzcan. Quizá por esto se vio precisado a aclarar que el nuevo método no significa «eludir la responsabilidad de proponer» los nombramientos o de diluir esa carga en «una responsabilidad colectiva», sino que el propósito es « terminar con la práctica extendida de gobiernos que para obtener gobernabilidad necesitan forjar tribunales». El Presidente hizo la presentación del nuevo sistema durante un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por todo el gabinete nacional, donde explicó la propuesta ante más de un centenar de invitados. Kirchner explicó que el propósito es que este mecanismo de selección «por su transparencia y la participación del ciudadano y de la sociedad, produzca un crecimiento cierto de la calidad institucional». Precisó que su «ideal» en materia de justicia es «la prestación de un servicio próximo al ciudadano, con estándares de rendimiento, de eficiencia y de equidad», que brinde la garantía de «una real seguridad jurídica» para todos los argentinos, «cualquiera sea su condición económica y social». • Confianza Tras destacar que la función de la Corte es ser « intérprete final de la Constitución», Kirchner sostuvo que el máximo tribunal necesita «ganarse la confianza de la sociedad» para asegurar «la solidez de sus decisiones». El jefe de Estado recordó que desde la instalación de la primera Corte, en 1863, ningún presidente «se sustrajo a la necesidad de colocar a jueces identificados con su credo político», a lo cual se agregó la modalidad de renovar íntegramente a sus miembros. Todo ello, sumado a las interrupciones de la vida institucional han influido «en la percepción de la ciudadanía respecto de la Corte». Asistieron al acto el vicepresidente Daniel Scioli; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; y los ministros del Interior, Aníbal Fernández; de Economía, Roberto Lavagna; de Trabajo, Carlos Tomada; de Defensa, José Pampuro; de Justicia, Gustavo Béliz; de Planificación, Julio De Vido; de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de Salud, Ginés González García. También concurrieron los presidentes de las Cámaras de Diputados, Eduardo Camaño; y de Senadores, José Luis Gioja; el procurador general, Nicolás Becerra; el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Participaron además representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

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