Junto a los radicales, amantes de estos procesos -ya los hubo en tiempos de Raúl Alfonsín-, con facultades para intervenir, allanar y bloquear cuentas de empresas. Piensan recuperar 1.700 millones de dólares. Una tarea para seis supersenadores, jueces y policías al mismo tiempo.
El Senado creará el miércoles una comisión investigadora sobre las operaciones de exportación de granos que las cerealeras declararon anticipadamente para, según las denuncias, vender los cereales con una alícuota de retenciones inferior al momento del embarque. Es la misma denuncia que derivó en la votación de la Ley Martínez Raimonda, para evitar esas operaciones de declaración anticipada de exportación de granos cuando éstos aún no habían sido siquiera sembrados y ante la existencia de ventas que tributaron, por ejemplo en el caso de la soja, una retención de 27% cuando la vigente en el momento del despacho era de 35%. Esa ley tuvo modificaciones y, además, no alcanzó a las operaciones que ya se habían realizado, por lo que el Senado quiere investigar ahora cuál fue la diferencia que el Estado dejó de cobrar por la maniobra.
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La creación de la comisión se votará en la sesión del miércoles con acuerdo del kirchnerismo y el radicalismo. Existen dos proyectos que serán compatibilizados en el recinto. El kirchnerista Miguel Pichetto y el mendocino Ernesto Sanz acordaron el tratamiento de sus dos iniciativas y una votación sin complicaciones. Así, seis senadores durante 180 días investigarán a las cerealeras con amplios poderes. No será igual la interpretación política que hará cada bloque. El kirchnerismo quiere demostrar que el núcleo del negocio agropecuario que el gobierno quiere gravar está en las cerealeras -aunque no haya parecido eso durante el conflicto con el campo- y que tanto la Sociedad Rural como Alfredo de Angeli fueron funcionales a esos grupos, algunos multinacionales, durante la puja por la Resolución 125. El radicalismo, por el contrario, querrá demostrar con la misma herramienta que el gobierno de Cristina de Kirchner prohijó a las cerealeras sin tocar sus intereses y afectando solamente a los medianos y pequeños productores.
Los dos proyectos establecen la creación de una comisión investigadora sobre las declaraciones juradas de venta al exterior-de granos que presentan las cerealeras.
El primer objetivo de esa comisión será recopilar la información sobre la presentación anticipada de declaraciones juradas de exportación de los productos agropecuarios sin que existiera previamente la compra de los mismos.
Puntual
Esa es la base de la denuncia que derivó en su momento en la conocida Ley Martínez Raimonda que, aunque luego fuera modificada en el Senado, intentó frenar las operaciones de inscripción previa de exportaciones de granos para asegurarse el pago de menores retenciones. El caso puntual fue el de las declaraciones que se hicieron con anterioridad a la suba de retenciones a 35% en el caso de la soja y que fueron despachadas al exterior tributando sólo 27%. Es decir, el nivel anterior a esa alza, por haber estado previamente declaradas aunque en ese momento la soja ni siquiera estaba sembrada.
Hay diferencia entre el oficialismo y la UCR en el tratamiento de los antecedentes de la Ley 26.351 (la ley presentada por Rafael Martínez Raimonda) que estableció que «cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios... en el período comprendido entre el registro de la declaración jurada de venta al exterior y el de la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento».
Esa ley tuvo una modificación en el Senado: en lugar de condicionar la declaración a una suba en el valor del precio, como fijó Diputados, se estableció que fuera de la alícuota. De esa forma las cerealeras deberán ajustar el pago al nuevo nivel de retención pero aplicándolas sobre el precio del cereal de cuando presentaron la declaración jurada, con lo que la diferencia sería menor, pero igual a favor de los exportadores.
El proyecto kirchnerista no avanza sobre ese punto ni tampoco sobre los antecedentesque llevaron a la firma de la Resolución 125 y la 64/08, como pide la iniciativa firmada por el mendocino Sanz, el jujeño Gerardo Morales, el santacruceño Alfredo Martínez y el pampeano Juan Carlos Marino.
De todas formas, esos temas estarán en el análisis de la comisión investigadora con acuerdo también del oficialismo.
Padrón
La comisión, que funcionará sólo en el Senado, también va a elaborar un padrón de todas las operaciones de exportación de cereales y las retenciones que se aplicaron en el momento de despacho, como también de «toda aquella información relativa a la tenencia de granos por parte de los exportadores en cuestión».
En la propuesta que presentó el kirchnerismo, firmada por Pichetto, Marcelo Fuentes, María Cristina Perceval y José Pampuro, se toman atribuciones que hace tiempo no practica una comisión investigadora en el Congreso. Por ejemplo, se les da a los senadores facultades para citar testigos, bajo pena de denunciarlos penalmente si falsearan su testimonio; podrá practicar inspecciones y realizar allanamientos y hasta requerir el auxilio de la fuerza pública.
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