Desde hoy 3.100 policías más para frenar delito

El gobierno de Buenos Aires pondrá desde hoy más de 3.100 policías en las calles del conurbano para enfrentar la imparable crisis de inseguridad que alcanza ya a complicar al oficialismo, que aparece de nuevo dividido por cómo controlarla.

Como respuesta a las críticas que Néstor Kirchner derramó contra el gobierno bonaerense por la crisis delictiva, la administración de Felipe Solá pondrá hoy a 3.188 policías y 797 móviles adicionales en las calles del Gran Buenos Aires, duplicando la presencia de efectivos y vehículos.

Ese esquema, que empezó a diseñarse con la llegada de Juan José Alvarez a Seguridad, se armó para enfrentar uno de los delitos que más impactan en la opinión pública: los secuestros. El plan apunta esencialmente a prevenir los casos express, raptos de corta duración y rescate poco onerosos.

Será ése el segundo capítulo de una respuesta que Solá inició ayer casi 72 horas después del pataleo verbal de Kirchner imputando a la Policía Provincial ser responsable de la ola de secuestros. Pero el bonaerense evitó torear al Presidente, con quien se reunirá mañana.

«Comparto su deseo de transformación» de la Policía Bonaerense dijo Solá y, comprensivo, agregó interpretar los reclamos que disparó el patagónico sobre la necesidad de una reforma en la Policía Provincial: «El Presidente lo siente así, lo piensa así y mucha gente piensa parecido».

El viernes, Kirchner inauguró una queja contra la provincia -luego agudizada por sus ministros, especialmente Gustavo Béliz- pocas horas antes del primer cacerolazo contra su administración. Ayer Solá rompió el silencio pero para amortiguar la tensión política entre Olivos y La Plata.

- ¿Cree que el Presidente se está lavando las manos ante el problema de la inseguridad?, se le preguntó.

- No, no creo que se esté lavando las manos el Presidente, respondió moderado el gobernador en un breve contacto con la prensa al finalizar ayer la ceremonia para homenajear a los 35 policías bonaerenses que en 2003 perdieron la vida en cumplimiento del deber.

Solá buscó, dijo un vocero, «desdramatizar» las críticas que Kirchner estrenó horas antes de que a la quinta de Olivos y varios puntos de Capital y el conurbano volvieran los cacerolazos como expresión de protesta ante la ola delictiva.

«Con las peleas entre políticos, la gente se pone más nerviosa y no sirven como solución. No vamos a contestar con golpes mediáticos», tradujo ayer un funcionario de vínculo directo con el gobernador, a quien las quejas presidenciales causaron sorpresa «no por el contenido sino por el momento».

Dicen quienes secundan a Solá que para suprimir frentes de tormentas con Olivos se apagaron los reclamos por más coparticipación para ayudar al Presidente. Por eso los sorprendieron las críticas del patagónico.

«Kirchner sabe que trabajamos contra la corrupción policial y que estamos diseñando este plan. No entendemos por qué su actitud: quizá le dieron mala información y pensó que nuestro silencio es pasividad pero nosotros estamos abocados al tema», dijo la misma fuente.

Pero en La Plata apartan los dichos de Kirchner de los de Béliz que el sábado denunció que hay sectores de la política que se financian con «dinero de la corrupción policial». Béliz repitió palabras de Marcelo Saín, ex viceministro de Cafiero y ahora asesor de J.J. Alvarez en Seguridad.

«Béliz les apuntó a los intendentes», interpretó un funcionario. En rigor, son los caciques quienes tienen trato territorial con jefes policiales, lo que explica la furia que varios duhaldistas, desde el anonimato, destilaban ayer contra Béliz y Kirchner, reproche que elevaron a su jefe Eduardo Duhalde.

No bastó para apagar ese malestar la corrección deAlberto Fernández a Béliz. «Unas declaraciones en ese sentido complican más las cosas. Son verdades que se repiten pero son difíciles de sostener a la hora de comprobarlo. Las generalizaciones son injustas», dijo el jefe de Gabinete.

A esa observación, los bonaerenses suman otra más general ligada al aporte que el gobierno nacional prometió -y aún no concretó- para enfrentar la crisis delictiva en el conurbano: «entre 7 y 8 millones» para descentralizar fiscalías y otros fondos para cárceles, anotaron.

Y hay otras dos quejas: desde Buenos Aires dicen que hay leyes paradas en el Congreso (por ejemplo la de decomiso) y reclaman la desfederalización de las causas por drogas y secuestros que quedan centralizadas en los pocos jueces federales que hay en la provincia.

Dos meses atrás, Alfredo Meckievi, ministro de Justicia de Solá, le arrimó ese planteo a Béliz. El porteño prometió analizar cada ítem pero todavía no emitió una respuesta o una contraoferta.

«La seguridad es un problema de todos», dijo Solá para enmarcar lo que intendentes y legisladores -por caso el diputado Raúl Pérez- repiten como un castigo contra Béliz: «La provincia de BuenosAires también es laArgentina y el ministro nacional también es responsable».

Una ironía: un año atrás, idéntica diatriba hacía blanco en J.J. Alvarez, por entonces ministro nacional, ahora al frente de la Bonaerense.

«Yo trabajo para que las cosas se hagan de la mejor manera posible, y en el tema de la seguridad, por un lado, trabajamos para combatir la inseguridad que es lo que quiere la gente, y por otra parte investigamos a la Policía», agregó.