Enviado de Bush instruye a Kirchner sobre Fondo y Corte

La visita de Noriega ya tuvo una víctima, el propio Chávez, a quien el gobierno trató con una frialdad protocolar que el venezolano no esperaba. Habrá que ver si con esa conducta Kirchner obtiene todo lo que espera, sobre todo en relación con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Roberto Lavagna, que será uno de los ministros que se verán hoy con el funcionario norteamericano, reclamará la abogacía del gobierno de Bush. Noriega retomará los planteos que ya realizó ante la gestión de Kirchner su jefe Powell: deben «garantizarse los derechos de los acreedores» (sobre todo, pago de la deuda y leyes de quiebras, de suspensión de las ejecuciones hipotecarias y de compensación a los bancos por la pesificación asimétrica) y elaborar un programa «sustentable», lo que supone un superávit fiscal inédito, de 3,3% anual.

Tanto la Cancillería como Economía plantearán a Noriega otra cuestión que inquieta a la Argentina y a otros países periféricos productores de alimentos. Hace una semana se conoció un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para mantener los subsidios agrícolas en la ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio. Los países del Mercosur vienen reclamando que la eliminación de los subsidios sea tratada en esa ronda. El funcionario norteamericano ya visitó Montevideo y habló con las principales figuras de su clase política. El ex presidente Julio María Sanguinetti fue el único que comentó los temas que se conversaron, entre los cuales el primero habría sido la polémica por los subsidios.

Además de reunirse con Lavagna, Noriega tuvo interés en entrevistarse con Gustavo Béliz. Delante del ministro de Justicia, sacará un tema que el propio Powell ya planteó ante el gobierno de Kirchner: la embestida contra la Corte Suprema de Justicia y, más específicamente, contra Eduardo Moliné O'Connor, a quien el oficialismo pretende expulsar del cuerpo con pruebas escasas y, sobre todo, con reproches por las sentencias que firmó. La arbitrariedad que puede presumirse en el caso de Moliné fue llevada al Departamento de Estado por Sandra O'Connor, integrante de la Corte de los Estados Unidos y amiga del juez y su familia. Cuando Powell visitó Buenos Aires, llevó el problema ante la mesa de Kirchner y Rafael Bielsa, quienes sostuvieron que serían contempladas todas las reglas procesales en la remoción de los jueces. Pero, por lo visto, no terminaron de tranquilizar a la administración de Bush. Importa este desvelo por el peso que pueda tener, más adelante, sobre el Senado, que debe juzgar a Moliné.

Kirchner tiene especial interés en que las cosas tomen ese curso. La participación en operaciones internacionales ha sido un gran aliciente para las Fuerzas Armadas argentinas y para el gobierno se convertiría en una forma de halagarlas en medio de la crisis provocada por la revisión judicial de la represión de los años '70 y '80.

Temerosos de que Kirchner los condene por demasiado propensos a las «relaciones perfectas» (sinónimo de Alberto Fernández para las «relaciones carnales» de Guido Di Tella), los funcionarios del gobierno confesaban ayer ignorar si Noriega se vería con el Presidente «por la diferencia de jerarquía». Sin embargo, los que conocen al mandatario juraban que halagará al enviado de Bush con todo tipo de atenciones. Por más que, para la prensa, aplique el ardid de siempre: decir que se encontró con Noriega porque entró de improviso en la oficina del jefe de Gabinete, Fernández, y se lo encontró por casualidad (como si Fernández no informara minuciosamente a su jefe sobre cada visita que recibe y, de ese modo, obtener el «nihil obstat»).

Con Kirchner, habrá un nuevo repaso de la agenda regional y se hablará especialmente de Colombia, donde Washington ve la principal zona crítica del subcontinente. El Presidente, que en principio se había propuesto seguir en relación con ese país los pasos de Brasil, ha ido inclinándose lentamente hacia la posición chilena: formar una fuerza sudamericana de intervención, sin la participación de los Estados Unidos y a pedido del gobierno de Alvaro Uribe, para el caso de que el conflicto con la guerrilla desborde la capacidad del Estado.