Quebró el Aquarium de Mar del Plata: intentó vender los animales y ahora la Justicia define su destino

A un año del cierre, el predio aún alberga 66 animales, entre pingüinos y lobos marinos. La empresa intentó venderlos a compradores del exterior y ya había transferido delfines por u$s800.000 antes de la quiebra.

Aquarium Mar del Plata llegó a tener más de 180 animales. Cerró sus puertas en marzo del año pasado. 

La Justicia comercial decretó la quiebra de Plunimar S.A., la empresa que operaba el Aquarium de Mar del Plata, y dejó al descubierto una situación que excede lo financiero: la compañía aún mantiene 66 animales dentro del predio y reconoce que intentó venderlos antes de la quiebra, aunque su destino quedó ahora bajo control de la Justicia y la sindicatura. La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°20 y puso en marcha un proceso que, además de ordenar deudas y acreedores, debe resolver qué hacer con los ejemplares que siguen bajo la órbita de la firma.

En paralelo, se activó la verificación de créditos y la intervención de la sindicatura, a cargo de Andrea Hoff, que ya trabaja sobre un esquema de continuidad mínima. El dato central del expediente no es sólo la quiebra, sino el contexto en el que ocurre: la empresa admite que no tiene ingresos, que su caja alcanza para sostener la situación apenas por un tiempo limitado y que había intentado desprenderse de los animales para generar liquidez, una estrategia que quedó interrumpida tras la quiebra.

Una quiebra con animales como activo y problema

A diferencia de otros procesos, la liquidación de Aquarium no gira en torno a bienes tradicionales, sino a fauna viva. En el predio permanecen 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos, todos dependientes de alimentación diaria, atención veterinaria y mantenimiento de hábitat.

La empresa lo plantea sin rodeos en el expediente: no puede sostener esa estructura sin ingresos. De hecho, reconoce que cuenta con recursos para mantener a los animales por un plazo acotado, lo que convierte al proceso en una carrera contra el tiempo. En ese marco, la sindicatura avanzó con un esquema excepcional: la continuidad que se sostiene no es para explotar el negocio, sino para evitar el colapso. Doce empleados quedaron afectados exclusivamente al cuidado, sanidad y seguridad de los animales, en una estructura mínima que se financia con los recursos remanentes.

Con la quiebra decretada, los animales pasaron a integrar el activo bajo administración judicial, por lo que cualquier eventual venta, traslado o cesión deberá ser autorizada en el marco del expediente.

Antes de la quiebra, la empresa ya había empezado a desprenderse de sus activos más valiosos. El caso más relevante fue la venta de diez delfines a Egipto por u$s800.000, una operación que, según explicó en la causa, se utilizó para pagar sueldos, alimentar a los animales y cubrir gastos operativos.

Ese dato introduce un elemento incómodo: en diciembre pasado, cuando se concretó el operativo, la empresa comunicó públicamente el traslado de los delfines al exterior, con detalles logísticos del viaje, controles sanitarios y el destino final en un oceanario en el Mar Rojo. Sin embargo, nunca informó que se trataba de una venta, un dato que recién aparece ahora en el expediente judicial.

El contraste no es menor. Mientras hacia afuera se hablaba de reubicación y bienestar animal, en la causa se expone que esa operación formó parte de una estrategia para generar liquidez en un contexto de crisis. Ese antecedente es hoy una de las claves para entender el proceso en curso.

Pero lo cierto es que esa operación no alcanzó. El resto de los ejemplares que aún permanecen en el predio quedó sin destino definido. El expediente revela que hubo múltiples intentos de venta que no prosperaron. Se mencionan ofertas por u$s750.000 desde México, u$s950.000 desde China y una propuesta del zoológico de San Pablo por u$s250.000. La empresa deja en claro que el problema no fue la falta de interesados, sino la imposibilidad de cerrar operaciones en un mercado atravesado por regulaciones, permisos y logística internacional compleja.

Ese punto abre uno de los ejes más sensibles del caso. La venta de animales marinos no depende sólo de acuerdos comerciales, sino también de autorizaciones ambientales, condiciones sanitarias y traslados de alta complejidad. Ahora, con la quiebra decretada, será la Justicia la que deberá definir si, cómo y bajo qué condiciones pueden concretarse esas operaciones.

Del cierre del parque al colapso

El deterioro de la empresa se aceleró cuando el Aquarium dejó de operar en marzo del año pasado. Sin la posibilidad de renovar el contrato de alquiler del predio, la compañía perdió su única fuente de ingresos: la venta de entradas. A eso se sumó una presión adicional: la obligación de devolver el predio desocupado, lo que implicaba resolver el destino de los animales en un plazo que nunca llegó a cumplirse. Ese plazo venció el 31 de marzo sin que el predio haya sido desocupado, lo que agrega un nuevo frente de tensión dentro del proceso.

Desde que cerró sus puertas al público, el esquema se sostuvo sin actividad comercial, con costos elevados y sin capacidad de recomponer la operación. La empresa ubica el inicio de la cesación de pagos en enero de este año, cuando dejó de cumplir obligaciones básicas, desde salarios hasta deudas financieras. A ese cuadro se sumó la situación del grupo Dolphin, su controlante internacional, que atraviesa un proceso de reestructuración con deudas superiores a u$s200 millones, lo que dejó sin margen para recibir asistencia en el momento más crítico. La combinación de cierre, falta de ingresos y ausencia de respaldo terminó de configurar un escenario de inviabilidad que derivó en la quiebra.

Polémica y un proceso bajo presión

El caso no pasa inadvertido. La permanencia de animales en un predio sin actividad comercial y en medio de un proceso judicial reaviva cuestionamientos que ya habían aparecido tras el cierre. En los meses previos, la difusión de imágenes generó denuncias por presunto abandono, lo que derivó en inspecciones oficiales que concluyeron que los animales estaban en buen estado de salud y bajo protocolos adecuados.

Sin embargo, la discusión sigue abierta. Ahora, con la quiebra en marcha, el expediente suma un nuevo foco: la legalidad de la eventual venta de los animales y las condiciones en que puede realizarse, un punto sobre el que el propio juez pidió precisiones antes de avanzar.

Mientras tanto, el proceso corre contra el tiempo. La empresa debe dejar el predio, la caja disponible es limitada y los animales siguen generando costos diarios. En ese escenario, la quiebra no sólo busca ordenar deudas, sino también evitar que la situación derive en un problema mayor.

El Aquarium, que durante años fue una postal turística de Mar del Plata, queda ahora en el centro de un expediente donde la liquidación incluye una variable poco frecuente: la resolución judicial sobre el destino de animales vivos, en un proceso donde la urgencia operativa y biológica corre por delante de los tiempos legales.