Las privatizaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno nacional poco a poco comienzan a tener adosados conceptos como subvaluación, opacidad y elección de beneficiarios. Así como, desde hace meses, la mira está puesta en las sociedades estatales que fueron o están en camino a quedar en manos de grupos económicos relacionados con el Gobierno, ahora la lupa se posa sobre la incipiente privatización del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, en Mendoza.
Escandalo detrás de la privatización de complejo hidroeléctrico en Mendoza: ¿el próximo botín de los Neuss?
La provincia cedió a Nación una licitación estratégica pero antes decidió contratar al Grupo Neuss para el mantenimiento de la represa Los Nihuiles, que se busca privatizar. Acceso a información privilegiada antes de la apertura de sobres y una millonaria póliza de seguros a cobrar por el ganador, en juego.
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Los hermanos Juan y Patricio Neuss vuelven a ser mencionados para quedarse con otra privatización clave.
En julio de este año, mediante el decreto provincial 1436, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, y el DNU del gobierno nacional 667/2026, para sorpresa de muchos, Mendoza y Nación convocaron en forma conjunta a una licitación pública nacional e internacional.
El sistema Los Nihuiles se compone de los diques El Nihuil y Valle Grande, presas Aisol y Tierras Blancas, y las centrales Nihuil I, II y III sobre el río Atuel. Actualmente, la operatoria está a cargo de la empresa Pampa Energía, que se encuentra en retirada. La reprivatización fue presentada por el gobierno nacional como “la reorganización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles”, considerada la segunda etapa después de la privatización de las represas del Comahue.
Según fuentes calificadas, “llamativamente cuando se iba a vender el 90 por ciento de las acciones, a último momento, el gobierno provincial anunció que iba a vender el 100. No hay otra posibilidad de que no sea un condicionamiento de Nación, para que quede en manos de todos aquellos que se vienen beneficiando con las privatizaciones del sistema hidroeléctrico. Forma parte de una toma de decisión política nacional que está avanzando sobre los complejos hidroeléctricos poniendo todo a disposición de los mismos jugadores”.
Una de las preguntas que más ruido hace, ya que hasta ahora no hay respuestas, es por qué motivo un complejo hidroeléctrico provincial que iba a ser privatizado por Mendoza, cuyo expediente había pasado por Fiscalía de Estado, se licita en conjunto con Nación, sin aprobación de la Legislatura.
El Grupo Neuss, otra vez
En el centro de todas las miradas quedó el Grupo Neuss, a cargo de los hermanos Juan y Patricio, que viene expandiéndose a la velocidad de la luz. Actualmente, en Mendoza, Edison Energy, controla el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPSA) y la cadena de usinas que son parte de la concesión: Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal. Por eso, en la provincia cuyana, a nadie sorprende que sean los principales mencionados en la nueva privatización. Dato importante: la concesión venció y se prorrogó por 5 años, con posibilidad de extender por 20 más. Por otro lado, el 22 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional prorrogó la autorización como generador de energía a la mencionada firma perteneciente a los Neuss.
Los Neuss están en el centro de las controversias porque, de acuerdo con una fuente autorizada, recientemente se habría labrado un contrato entre la empresa que administra Los Nihuiles y CEMPSA, para que la firma de los Neuss se encargue del mantenimiento de la represa que se privatizará. O sea, accederían, de esa manera, a información privilegiada de cara a la apertura de la licitación.
Edison, de los Neuss, no solo se quedó con Transener sino que también puso un pie dentro de la privatización de las represas del complejo Comahue. Justamente, sobre estas últimas, como reveló Ámbito, se acaba de ampliar la denuncia presentada por la Fundación Soberanía, de Neuquén, en la que se describe una “cadena de ilegalidades”, para subvaluar las represas y elegir quiénes se quedan con su explotación, corriendo al Tribunal de Tasaciones y situando en su lugar una nueva unidad de valuaciones.
Rarezas
El complejo Los Nihuiles fue administrado por el Estado nacional hasta 1993. Ese año, mediante la Ley provincial N° 6087, la Nación transfirió el dominio del complejo a Mendoza. La norma obligó a la provincia a constituir una sociedad anónima —que derivó en Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA)— y a licitar la venta del 51% de sus acciones al sector privado, reteniendo el Estado provincial una participación minoritaria. Poco después, la Ley N°6088 fijó la concesión de uso del río Atuel a HINISA por 30 años, con un esquema similar aplicado en paralelo al sistema Diamante bajo otra sociedad. La concesión de HINISA venció el 31 de mayo de 2024.
El 11 de enero de 2025 una crecida histórica del río Atuel inundó las casas de máquinas de Nihuil II y Nihuil III, dañando generadores, tableros de control y sistemas auxiliares. En respuesta, la Legislatura sancionó la Ley N° 9630, que declaró la emergencia en el sistema por 14 meses y mantuvo a HINISA operando en carácter transitorio.
Hay interferencia en lo concerniente al peritaje de las aseguradoras y la enorme cifra que separa a una de la otra. A esto se suma los cuestionamientos por los millones de dólares que el gobierno provincial gastó en consultoría por este tema. Fuentes consultadas indican que Restore propone una recuperación parcial de los daños, dando el monto menor de la póliza, mientras que HISSA-Transener vería inviable esa propuesta y apelaría a una reconstrucción de las centrales con montos que suman alrededor de 100 millones de dólares. El monto exacto de las pólizas no ha sido informado públicamente.
La clave detrás de la licitación
Los que siguen en detalle el lanzamiento de la licitación anunciada señalan que se sigue postergando a causa de que se está negociando con las aseguradoras el monto de la póliza: “El que se quede con la licitación se va a quedar con la plata de la póliza y con la posibilidad de repararlas. Los informes técnicos señalan que se pueden reparar en 18, 24 meses. Pero resulta que quienes ganen la licitación tendrían alrededor de 10 años para hacerlo. No cierra por ningún lado”.
Los más críticos, como el es caso del diputado provincial Gustavo Perret, señalan una serie de interrogantes que aún no obtienen respuestas más allá de que, como se dijo, aún no se sabe el monto que finalmente reconocerán (o ya reconocieron en privado) las compañías aseguradoras por el siniestro de enero de 2025. No se conoce el contenido completo del pliego licitatorio y el precio base o de reserva fijado para la venta del 100% de HEMSA. Hay dudas concretas sobre cuál es el negocio de Mendoza, que pasará de ser el socio del negocio en un 49% a 0% durante 30 años. Más aún si se tiene en cuenta que solamente quedaría el 6% de las regalías, ya que el otro 6% se lo lleva la vecina provincia de La Pampa.
A su vez, señalan la falta de fundamentos legales en la mencionada “licitación conjunta” de Mendoza y Nación, siendo que los mismos decretos de ambas jurisdicciones no tienen un andamiaje legal previo que los contenga en caso de disputas, lo cual crea las condiciones para que haya inseguridad jurídica. También surgen preguntas sobre los criterios técnicos y económicos utilizados para pasar de una licitación exclusivamente provincial a una licitación conjunta con la Nación. Finalmente, tampoco se sabe el destino específico que tendrán los fondos obtenidos, tanto por la venta de acciones como por una eventual indemnización de seguros.
Recientemente, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados provincial para crear una Comisión Especial Investigadora con el objetivo de analizar el proceso de licitación y transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A, vinculadas al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La iniciativa busca revisar los actos administrativos, los pliegos, la valuación del paquete accionario y el destino de los fondos que ingresen. Entre los puntos que se pretenden investigar figura si la venta total de HEMSA requería una nueva autorización legislativa y por qué el Complejo Diamante quedó fuera del esquema.
Sin dudas, el teléfono de Cornejo sonará bastante seguido en los próximos meses.




