Espionaje: Arribas (ex AFI macrista) quiere apartar a jueza que denunció aprietes de la "mesa judicial"

Política

Arribas, que comparte abogado con Macri, busca desplazar a la camarista Figueroa para facilitar la llegada de la causa a Comodoro Py.

Con el objetivo de llevar la causa sobre espionaje político en el gobierno anterior a los tribunales federales de Comodoro Py, Gustavo Arribas, exjefe de la AFI, recusó a una de las juezas que deberá resolver sobre la competencia del expediente. Lo hizo respecto de la camarista de Casación Ana María Figueroa por entender que la denuncia de la magistrada sobre los aprietes que dijo haber sufrido de parte de la denominada “mesa judicial” macrista, da cuenta de una supuesta animosidad contra aquella administración.

El planteo de apartamiento llegó ayer a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal a través de un escrito que presentó el abogado Alejandro Pérez Chada, que además de Arribas patrocina al expresidente Mauricio Macri, otro de los imputados en la causa por la “mesa judicial”. La respuesta, que en última instancia dependerá de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, los colegas de Figueroa en el tribunal, será clave para el futuro de la investigación sobre supuestas maniobras de espionaje ilegal contra políticos y periodistas en el tironeo por tramitarla que entablaron la Justicia federal de Lomas de Zamora y la de Comodoro Py, asumida como más amigable para el macrismo.

Arribas, jefe durante toda la gestión de Cambiemos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), alegó que la declaración testimonial que Figueroa presentó por escrito en la causa por la “mesa judicial”, en la que sin embargo no lo mencionó, la convertiría de forma automática en una suerte de adversaria de la administración anterior. La camarista había dicho en una entrevista radial que en diciembre de 2015 un funcionario judicial de la entonces gestión debutante de Macri la había visitado para sugerirle acelerar su voto en la causa sobre el memorándum con Irán. Luego, una vez radicada una denuncia penal por parte de legisladores del Frente de Todos, Figueroa precisó que se trataba de Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura y actual fiscal general porteño.

El escrito será rechazado por la jueza, presidenta del tribunal, pero quedará bajo análisis de Petrone y Barrroetaveña con chances de desecharlo “in límine” y mantener así a Figueroa como protagonista; acoger los argumentos de Arribas, o bien llamar a una nueva audiencia para ampliar el estudio del planteo. Como había adelantado este diario, la Sala I de Casación será la que en definitiva resolverá sobre el conflicto de competencia entablado entre el juez federal Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, de Lomas de Zamora, adonde tuvo su origen la causa por espionaje ilegal, y los tribunales de Comodoro Py.

La semana pasada la Cámara Federal porteña le dio un primer aval al planteo de Darío Nieto, secretario privado de Macri e imputado en la causa sobre espionaje, para que el expediente quede en la órbita de la ciudad de Buenos Aires por entender que se trata de una investigación sobre una presunta asociación ilícita montada desde el Poder Ejecutivo. Al existir un pronunciamiento en sentido inverso de la Cámara Federal de La Plata la determinación final sobre la competencia dependerá de la Casación. Al mismo tiempo llegó al máximo tribunal penal el pedido de recusación de Arribas.

El extitular de la AFI asentó en el escrito que la sola testimonial de Figueroa, cuya única acusación con nombre y apellido se dirigió a Mahíques, la convertiría en rival por carácter transitivo de toda la denominada “mesa judicial” macrista. Esa mesa, según el fiscal federal Franco Picardi, tiene como miembros imputados al propio Macri, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, a los exministros Germán Garavano (Justicia) y Jorge Triaca (Trabajo) y a otros referentes como Daniel Angelici, José Torello, Pablo Clusella, Fabián Rodríguez Simón y Bernardo Saravia Frías, además de Arribas, investigados por sus presuntas maniobras para incidir en causas judiciales sensibles para la administración de Cambiemos.

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