Gualeguaychú es un modelo de conducta democrática

El abogado Roberto Gargarella es una estrella ascendente en el firmamento ideológico criollo. Constitucionalista y escritor, ha sido el primer expositor orgánico de la hipótesis que relaciona la protesta social de la Argentina de la última década -principalmente el fenómeno piquetero- con el ejercicio de la libertad de expresión. Lo llamaron del gobierno para que acercase esos argumentos que se incluyeron como eje principal del escrito presentado ayer ante el tribunal arbitral del Mercosur en el juicio que inició Uruguay por los cortes de accesos a ese país en protesta por la instalación de las papeleras contaminantes de Gualeguaychú. Dio un reportaje al sitio de Internet La Vaca, que suele expresar a sectores de la izquierda no partidaria, donde explicó esa colaboración con un gobierno al que critica por el avance sobre las libertades públicas. Aquí, lo principal de ese reportaje a Gargarella.

Cristina Kirchner

Periodista: Usted tuvo acceso al escrito de la Argentina en defensa en el juicio por los cortes de ruta en Gualeguaychú.

Roberto Gargarella: Conversé con gente de Cancillería que tuvo la responsabilidad de la redacción del documento. En el primer encuentro, les dije que me parecía que el gobierno no debería identificar lo sucedido en Gualeguaychú con lo que ocurre en otro tipo de cortes, como los de los piqueteros.

P.: ¿Por qué?

R.G.: Me parece que es un error fetichizar el procedimiento del corte. El punto sería no mezclar indebidamente, por el hecho de que se recurra al mismo instrumento. Si un día la gente del agro decide cortar la ruta, no merece el mismo tratamiento, por el solo hecho de emplear la misma metodología. El argumento de la libertad de expresión no debe ser trivializado. El gobierno tenía otras cosas para decir en defensa de los vecinos de Gualeguaychú.

P.: ¿Usted qué sugería decir?

R.G.: El gobierno, se lo comenté a la gente de Cancillería, tenía algo importante para decir en contra de los argumentos de las autoridades uruguayas que estaban reclamando la omisión argentina, el hecho de no actuar. Esa queja implica asumir que la única respuesta imponible en manos de un gobierno ante una situación de protesta es la del Código Penal y la de los caballos: todas salidas represivas. Podría haber dicho que esto no era una omisión, sino la búsqueda de un camino que tuviera que ver con el diálogo, con las mediaciones. Me parece que se trivializó el argumento de la libertad de expresión cuando la Cancillería se expone inútilmente a los cachetazos.

P.: Usted fue el primero en vincular el piquete con el derecho a la libertad expresión...

R.G.: Me interesó vincular la libertad de expresión con algunos grupos piqueteros porque me parece que existen todas las razones para sostener que a ellos se los ha marginado del foro público, que no se les ha dejado ninguna alternativa sensata de expresión. No solamente resultan agraviados sus derechos más importantes, sino que además tienen muy buenas razones para decir que hasta se les ha limitado la posibilidad de la queja. La idea de libertad de expresión se torna privilegiada cuando a uno lo han desplazado de un acceso razonable del foro público, típica situación de los sectores empobrecidos.

P.: Supongamos que los vecinos de Gualeguaychú, que tienen más recursos que los piqueteros, en vez de cortar la ruta hubieran hecho una vaquita y se hubiesen limitado a publicar solicitadas en los diarios. O, como sugería el diario «La Nación», hubieran repartido volantes a los costados de la ruta. ¿Usted cree que el gobierno los habría escuchado?

R.G.: Estos periodistas también trivializan lo que está en juego y se tapan los ojos ante el desvínculo que existe entre ciudadanos y representantes,que no es azaroso,sino que tiene que ver con el modo en que organizamos el sistema institucional. Entonces, por este tipo de sospechas razonables, frente a la distancia que hay con los representantes y a la amenaza grave de violación de derechos constitucionales, hay mucho que justifica el accionar de los vecinos. Pero me dolía el argumento de la libertad de expresión, que es muy potente para gente que no tiene recursos. Obviamente que acá también sirve, pero como dije, yo les daría protección con otros argumentos.

P.: ¿Cómo evalúa usted el accionar ciudadano que se desarrolló en Gualeguaychú?

R.G.: Primero diría que en Gualeguaychú hay derechos constitucionales en juego, por lo que la cuestión se torna preocupante. Aún cuando no se estén violando hoy, es previsible que se pongan en crisis. Los vecinos tienen razones para ponerse de pie y quejarse. La Constitución está muy comprometida con el medio ambiente. Y éste no es un simple reclamo por el pasto verde, se trata de calidad de vida básica. Puede estar en riesgo la subsistencia biológica, no sólo se trata de las generaciones por venir -que sería también un reclamo digno- sino una cuestión muy actual. También destacaría algo que en otros casos no vi: el grado de reflexión, motivación, deliberación, consenso, que rodeó todas las decisiones que se tomaron. Creo que tienen una calidad democrática como pocas se pueden reconocer en la Argentina. Es notable ver circular la palabra en asambleas masivas, escuchándose unos a otros. Eso les da un grado de legitimidad democrática a las decisiones que tomaron muy especial. Sospechando, como podían sospechar, que el poder político estaba movilizado por preocupaciones que marginaban la cuestión de sus derechos, hicieron algo políticamente importante y constitucionalmente defendible.

P.: ¿Cree que el hecho de que el gobierno haya invitado a los vecinos de Gualeguaychú a trabajar en la redacción de los documentos para los tribunales internacional es una mejora la calidad de la democracia?

R.G.: Tiene que pasar mucho para que uno vea compromisos con principios y valores defendibles. Lo que ha venido haciendo el gobierno en los últimos meses es muy consistente en una línea muy cuestionable en términos políticos, jurídicos y morales.

P.: ¿A qué se refiere?

R.G.: El centro de la cuestión está muy claro en estas leyes: la reforma al Consejo de la Magistratura, la ley de Superpoderes y la de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Marcan una línea constante, sorpresiva y dolorosa. Es una línea muy clara, muestra por un lado un desprecio absoluto por los procedimientos, una aprensión democrática, y abuso de la fuerza del número. Va todo en la dirección de restringir el ámbito de la democracia.

P.: ¿Toleraría el gobierno un reclamo del mismo tenor para un conflicto puertas adentro?

R.G.: El gobierno lo que no quiere es tener problemas, lo va a resolver del modo que sea: haciendo justicia o no. Lo que menor costo político le ocasione. Creo que el gobierno hace tiempo entró en una etapa que suele repetirse en la Argentina. Hay un parámetro de gobierno con apertura democrática que demuestra sensibilidad y tener apoyo de la ciudadanía, pero luego va virando hacia la preocupación por la estabilidad y el temor a que ese apoyo ciudadano se evapore. Entonces, se ve llevado a una alianza con el establishment del momento. Creo que el gobierno entró en esta segunda dinámica, que es constante en la Argentina. Llega un punto donde se tiende a privilegiar la estabilidad con la certeza de que el apoyo ciudadano no es suficiente para mantenerla. El gobierno vuelve a repetir una forma de acción que es regla en nuestra historia. La mala noticia es que esto siempre termina mal. Le da estabilidad y respiro por un tiempo. El primer viento de cambio termina sacándolo del mando.

P.: Haber incluido a los damnificados en la búsqueda de una solución, ¿no debería obligar al gobierno a realizar lo mismo en futuros conflictos?

R.G.: Si fuera una regla general, sería excelente. Pero el gobierno ha dicho cualquier cosa en cualquier momento. La posición de Cristina Kirchner sobre los decretos de necesidad y urgencia, en ese sentido, es extraordinaria. Muestra que una posición escrita, firmada, explícita, no sirve para nada cuando la situación cambia. Los antecedentes no sirven para nada, y como gobierno, demuestro que hago cualquier cosa, cuando quiero.