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Oyarbide envió vía fax el oficio a Tomada, quien deberá ahora contestar la requisitoria, centrada en conocer la totalidad del personal que permaneció en su Ministerio el 23 de octubre último entre las 21 y las 6 del día siguiente.
Este fue el lapso durante el cual, de acuerdo a la denuncia, los piqueteros limitaron la libertad ambulatoria de quienes estaban en ese edificio.
Por la mañana, Oyarbide recibió a cuatro abogados representantes de organizaciones de derechos humanos que habían pedido la entrevista para conocer el estado procesal del sumario penal.
Oyarbide estuvo reunido algo menos de una hora con los abogados Gabriel Lerner, Liliana Mazea, Gustavo Piantino y Gerardo Etcheverry, quienes se interesaron en la situación de los denunciados.
El juez les explicó que la denuncia no está dirigida contra individuos identificados, sino que la acción penal mencionó a cuatro agrupaciones piqueteras que el día de los hechos realizaron la manifestación frente a la cartera laboral y comentó que, conforme al dictamen fiscal, había dispuesto medidas de prueba.
Oyarbide ordenó que expertos en planimetría de la Policía Federal realicen un relevamiento e informen sobre todos los accesos al Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que la denuncia menciona como bloqueadas las puertas de Alem 638 y 650 y 25 de mayo 669 del edificio porteño.
El juez requirió a la Policía Federal que le remita copias de las grabaciones que la institución obtiene a través del canal 4 y a las emisoras de televisión por cable TN, Crónica y Canal 26 los videos de las imágenes que hayan registrado los días de los hechos.
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