En defensa de la constitucionalidad de la Ley de Medios, expuso ante la Corte, entre otros, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Las dos audiencias públicas convocadas por la Corte Suprema para escuchar opiniones y argumentaciones sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Medios fueron clave a la hora de escribir las sentencias judiciales, que finalmente pusieron en vigencia la norma 26.522.
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Durante dos días, el 28 y 29 de agosto pasado, el máximo Tribunal recibió a puertas abiertas en el Palacio de Justicia a las partes afectadas, a tres expositores independientes y a diez amicis curiae, cinco que lo hicieron a favor del planteo de constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 y cinco en contra.
En la primera audiencia desfilaron los amigos del tribunal y los independientes. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, y el representante del Centro de Estudios en Derecho y Economía, Juan Vicente Solá, en nombre de los independientes. Entre los defensores de Clarín se escuchó a Luis Pardo y Carlos Laplacette, de ADEPA, al sociólogo Eliseo Verón y a los abogados Andrés Gil Domínguez y Lucas Grossman.
En apoyo a la voz del Estado, disertaron Víctor Abramovich, de la Universidad Nacional de Lanús, el titular de Cooperar, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, el titular del CELS, Horacio Verbitsky y el abogado y exvicedecano de Sociales de la UBA, Damian Loreti.
La segunda jornada estuvo centrada en los argumentos de las partes, el Estado, el Afsca, de Martín Sabbatella y el Grupo Clarín. Ese día, los miembros de la Corte sometieron a esos representantes a preguntas para aclarar algunos aspectos. En total, fueron 17 para Clarín y 33 para el Estado.
El equipo del Estados estuvo compuesto por Daniel Larrache y Graciana Peñafort Colombi, el constitucionalista y asesor externo de la Procuración del Tesoro, Eduardo Barcesat, y el economista Horacio Seillant.
En el debate, Clarín intentó convencer a los ministros que la ley atentaba contra la liberta de expresión y que la única forma de ser sustentable en el mercado de medios y de resistir presiones de un Gobierno, es alcanzar una porción de mercado tan excepcional como la que ocupa Clarín hace décadas. El Gobierno se preocupó por evidenciar la posición dominante del Grupo, que deriva en una práctica de concentración monopólica, y en explicar que el objetivo de la ley no fue reducir la cantidad de licencias de Clarín, sino tener un mercado desconconcentrado.
A la distancia, se torna victoriosa la apreciación que sostenía que el llamado a audiencia de los "amigos del tribunal" no se trataba de una maniobra de la Corte para beneficiar a Clarín, a través de una puesta en escena para simular ecuanimidad, o una maniobra dilatoria que se sumaría a la demora de cuatro años de entrada en vigencia de norma. Como publicó Ámbito Financiero, "la cita fue la ocasión de debatir argumento contra argumento, de dejar de lado la hojarasca a la que con frecuencia contribuye el Gobierno, a veces tomando la iniciativa y muchas otras respondiendo insultos y agresiones que provienen del multimedios opositor".
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