La promesa que Néstor Kirchner reiteró ayer ante los delegados de la MTD Aníbal Verón -lo había dicho antes frente a Luis D'Elía y Hebe de Bonafini-de desjudicializar a los 3.000 piqueteros procesados por la Justicia sólo ofrece una alternativa legal de concreción: un indulto masivo.
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Fue el propio D'Elía quien ayer dio una señal. Dijo que tenía el convencimiento de que Kirchner no ratificaría ante la Justicia la denuncia que ordenó hacer el lunes pasado ante la Justicia Federal por la toma del Ministerio de Trabajo. Ayer, al respecto, el juez Norberto Oyarbide le mandó un cuestionario al ministro Carlos Tomada para que responda sobre ese suceso.
Ese, según D'Elía -que incluso imputó al ministro Tomada de «impericia» en ese incidente-, será el comportamiento oficial para ratificar en los hechos que no quiere criminalizar la protesta social. La idea de desprocesar a los activistas es tema de análisis en Derechos Humanos. «Se está trabajando en el proyecto», dijeron ayer fuentes de la secretaría que coordina Eduardo Luis Duhalde. Es un punto engorroso: ¿cómo podrá el gobierno anular las causas, muchas iniciadas de oficio, en la Justicia contra piqueteros?
Por las características del sistema penal argentino, es imposible «dar marcha atrás» con una denuncia. Por lo tanto, la única alternativa que le queda a Kirchner para desjudicializar a los 3.000 piqueteros procesados sería dictar un indulto masivo.
¿Se puede indultar a procesados? Hay, en ese sentido, muchos antecedentes: Roberto Viola, en 1981, fue quien inauguró esa letra cuando indultó a argentinos acusados de espiar para Inglaterra durante la Guerra de Malvinas. Eduardo Duhalde también usó ese mecanismo para « depurar» las cárceles bonaerenses: poco antes de dejar la gobernación, firmó un indulto general que benefició a varios centenares, mecanismo que hasta dejó la sospecha de venta de perdones.
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