Tragedia de Once: fiscal pidió procesamiento de Schiavi y Jaime

Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime

El fiscal federal Federico Delgado solicitó el procesamiento de una treintena de imputados en la causa por el accidente ferroviario del 22 de febrero en la estación Once, que dejó 51 muertos y 700 heridos. 

El pedido abarca a los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime por "no aplicar políticas de control", al presidente de Cometrans, Claudio Cirigliano; al titular de TBA (exconcesionaria del servicio de Mitre y el Sarmiento), Carlo Michele Ferrari; al asesor administrativo financiero del gerente de administración y finanzas de esa empresa, Antonio Cirigliano; y al motorman Marcos Córdoba.

"La Fiscalía solicita mediante el presente dictamen que Vuestra Señoría (el juez federal Claudio Bonadio) procese a las siguientes personas agrupadas en dos grandes conjuntos", señala la solicitud dispuesta en una decena de carillas, a la que la agencia oficial Télam tuvo acceso.

El primero está integrado por el denominado "Grupo Cirigliano" y por el maquinista que conducía la formación del Sarmiento al momento de la tragedia, y el segundo está integrado por funcionarios públicos con competencia en materia del transporte.

"Lo decisivo, para este caso, pasa por captar que hubo muchas negligencias y que no todas ocurrieron en el mismo tiempo. Sin embargo, todas fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero. Schiavi, Jaime y Luna no implementaron decisiones de control. El desempeño de Ochoa Romeo y Sícaro no traspasó la formalidad en esa materia. Córdoba que no prestó la atención necesaria. Los integrantes del grupo Cirigliano que se guiaron por un frío interés de lucro al que subordinaron el compromiso asumido al firmar el contrato de concesión. Todos ellos encadenaron sus ´negligencias´ y causaron el resultado", argumentó el fiscal.

"Las razones que nos llevan a solicitar al Señor juez que resuelva de tal manera se sustentan en los numerosos elementos probatorios reunidos en la causa y que fueron enumerados al momento de que cada uno de los nombrados realizara su respectivo acto de defensa", añadió.

Para el fiscal, existieron "distintas responsabilidades de los funcionarios públicos, de los directivos de la firma Trenes de Buenos Aires y del maquinista".

"Las tareas periciales fueron decisivas tanto para la responsabilidad que le cupo al maquinista como a los funcionarios del Estado y directivos de TBA. También lo fueron las inspecciones hechas inmediatamente en el lugar por técnicos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor, los testimonios de los usuarios obtenidos por los policías que estaban en Once" y los dichos de María Teresa Gualtieri, del Sindicato de ferroviarios que declararon ante la fiscalía y facilitaron importantísima documentación para la pesquisa", sostuvo en el escrito.

Además, desnudó que "la estrategia defensista de los abogados que asesoraron a los imputados se centró en una suerte de relato tipo ´plancha´ en las que, genéricamente, se deslindaban recíprocamente la responsabilidad funcional y empresarial, respectivamente. Contrariamente al fin que se dirige un acto de defensa, los escritos acompañados a las declaraciones indagatorias jugaron en contra de los imputados porque confirmaron la hipótesis fáctica narrada en los dictámenes del Ministerio Público".

Delgado consideró que los imputados deben ser procesados bajo la figura de "estrago culposo", el cual prevé "prisión de seis meses a tres años el que por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo. Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cinco años".

Respecto a empresarios y funcionarios públicos, Delgado sostuvo que "desviaron una gran cantidad de caudales públicos que, si bien estaban dirigidos al proyecto ferroviario, no llegó a su destino. La realidad, sustentada en las numerosas pruebas, marca una cuestión concreta, se trata de subsidios que no se corresponden con el pobre servicio de ferrocarril. Esto quiere decir que los fondos no se aplicaron al fin previsto".

"Si bien los peritajes contables aún no han finalizado, sólo será la frutilla del postre que demostrará, con certeza, una realidad que se observa a primera vista. Lo que sí sabemos, repetimos, es que las transferencias efectuadas por el Estado Nacional a favor de TBA equivalentes al monto de un mil novecientos veinticuatro millones seiscientos veinticinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos (1.924.625.755,67) no fueron a parar a donde debían", acusó.

En ese sentido, señaló que los funcionarios y los empresarios deben ser procesados, según su criterio, por "peculado", ya que sobre los primeros en su "área de competencia se produjo el desvío", y los segundos "porque sin sus comportamientos la sustracción no hubiese ocurrido".

• La lista de imputados

En el grupo "Cirigliano", Delgado pidió procesar a:

- Carlos Michele Ferrrari, presidente de TBA;
- Jorge de los Reyes, vicepresidente y gerente de Ingeniería y Obras de Inversión
- Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans
- Carlos Esteban Pont, director de TBA
- Francisco Adalberto Pafumi, director de TBA
- Miguel Werba, director suplente y accionista de Cometrans SA;
- Daniel Rubio, gerente de administración y finanzas de TBA
- Jorge Álvarez, vicepresidente de TBA
- Laura Aída Ballesteros, directora de TBA
- Víctor Astrella, director de TBA
- Antonio Marcelo Suárez, director de TBA
- Guillermo D´Abenigno, director de TBA
- Gustavo Zeni Jaunsaras, director suplente de TBA
- Víctor Heinecke, director suplente de TBA
- Alejandro Lopardo, director de Cometrans
- José Doce Porta, director de Cometrans
- Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans
- Sergio Tempone, gerente de operaciones
- Roque Cirigliano, gerente de material rodante
- Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento
- Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar
- Luis Ninona, jefe de material rodante y gerente de las líneas Mitre y Sarmiento
- Santiago Kaplun, accionista de TBA
- Carlos Alberto Lluch, abogado y apoderado de TBA
- Marcos Córdoba, maquinista de TBA

En cuanto a los exfuncionarios, Delgado requirió el procesamiento de:

- Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte de la Nación
- Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación
- Guillermo Antonio Luna, exsubsecretario de Transporte Ferroviario
- Pedro Ochoa Romero, interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desde el 9 de febrero de 2004
- Antonio Sícaro, interventor actual de la CNRT.