De: un ciudadano asustado A: otro ciudadano asustado

Todo ese sistema funcionaba dentro de un razonable «equilibrio ecológico». Había cierta tolerancia y complicidad entre la seguridad, la Justicia, la política y el delito. El «quinielero» del barrio conocido por todos, vinculado a los punteros políticos y protegido por la policía de la zona. Las «chicas» y sus empleadores, también con las mismas «conexiones», etc. En algún momento, como su-cede también en los ecosistemas, algo lo sacó de ese particular equilibrio. Quizás la introducción de la droga y el dinero grande; quizás, el deterioro creciente de la estructura presupuestaria por la mala administración que llevó a decirle a los policías «pagamos los sueldos, pero ustedes consíganse la nafta y el morfi»; quizás el encarecimiento de los costos de la política, en donde la movilización de los militantes ya no se hace por idealismo, sino que se compra y en donde los medios de comunicación masivos, más «caros», tienen una mayor participación en las campañas. Quizás, simplemente, por la suma de esas pequeñas cosas que llevan a que lentamente la línea entre lo bueno y lo malo, entre lo tolerable y lo intolerable se vaya borrando, desvaneciendo. Como diría el personaje de Montero «eres cada vez más ancho en tus criterios».

Los intentos de restablecer el orden encarados por Duhalde, Ruckauf y Solá fracasaron en medio de ideologías de distinto signo, pero un denominador común, la falta de profesionalidad y de verdadera vocación por encarar una solución de fondo.

El cuadro se completa si se suman cuestiones objetivas derivadas del brusco incremento de la pobreza, el desempleo y la indigencia, de los últimos meses y el hecho de que la plata no está en los cajeros sino en las casas o en cuentas fuera del país y que, por lo tanto, para hacerse del dinero, los ladrones necesitan otras formas de delito y otra logística. El sistema de Justicia y seguridad de la Argentina está colapsado. El monstruo está fuera de control. Más de 80% de los presos son procesados, sin condena. Más de 9.000 presos están en comisarías, con lo que ello implica en materia de seguridad, por un lado, y en materia de absorción de recursos policiales por el otro. Las cárceles están desbordadas y, obviamente, en ese contexto, ni sirven para aislar a los presos de la sociedad, ni mucho menos para rehabilitarlos. La tasa de reincidencia y la falta de control de antecedentes es, en ese sentido, reveladora.