Buenos Aires y otros municipios avanzan con proyectos de movilidad, digitalización y gestión urbana. Especialistas explican qué hace realmente inteligente a una ciudad y cómo influyen la planificación y los desarrollos inmobiliarios.
Buenos Aires avanza en la digitalización de trámites y servicios, pero los especialistas advierten que una ciudad inteligente requiere planificación urbana, conectividad y coordinación entre el Estado y el sector privado
Una ciudad puede tener aplicaciones para realizar trámites, cámaras de seguridad, sensores y sistemas digitales para gestionar sus servicios. Sin embargo, esas herramientas no alcanzan para definirla como inteligente. Si sus habitantes tardan horas en llegar al trabajo, encuentran veredas inaccesibles o viven en barrios sin servicios suficientes, la tecnología por sí sola no resuelve los problemas urbanos.
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Las llamadas smart cities o ciudades inteligentes buscan mejorar la vida cotidiana a partir de una combinación de innovación, planificación, conectividad y gestión pública. Utilizan tecnología, datos y planificación urbana para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El concepto también involucra al mercado inmobiliario: los edificios, los nuevos desarrollos y la organización de los barrios influyen en cómo las personas se trasladan, acceden a los servicios y utilizan el espacio público.
En la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con avances en digitalización y modernización de la gestión, mientras que Córdoba, Mendoza, Rosario, Tres de Febrero, Vicente López, Escobar, San Miguel y San Miguel de Tucumán muestran experiencias en distintos frentes.
Para Lucía Bellochio, directora de Trends Smart Cities y miembro de grupos de expertos de ciudades inteligentes vinculados a Naciones Unidas, el primer paso consiste en dejar de asociar las ciudades inteligentes exclusivamente con dispositivos y plataformas digitales: “Una ciudad inteligente es, ante todo, una ciudad que utiliza de manera estratégica sus recursos, la innovación y la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas”.
Planteó que el concepto abarca desde la movilidad y la gestión de residuos hasta el consumo energético, el acceso a los servicios y la forma en que se utilizan los espacios públicos. También incorporó una dimensión social: las ciudades deben contemplar las diferentes maneras en que sus habitantes experimentan el entorno urbano.
“Una ciudad puede ser muy tecnológica y, al mismo tiempo, profundamente excluyente. Y entonces, ¿qué tan inteligente es realmente?”, cuestionó Bellochio.
Coautora junto con Álvaro García Resta (ex Secretario de Desarrollo Urbano de CABA) del libro Ciudades Azules, planteó que las ciudades deben reconocer las distintas formas de habitar, experimentar el espacio y revisar cómo miden sus resultados.
Por su parte, Lucas Lanza, director general de la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina (RECIA), puso el acento en la gestión. Las ciudades inteligentes, sostuvo, "incorporan herramientas como sensores, Internet de las Cosas (IoT), análisis de grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial para conocer mejor lo que ocurre en el territorio y tomar decisiones. El objetivo consiste en prestar mejores servicios y aprovechar los recursos disponibles".
Mientras que Joaquín Tomé, director del Centro de Estudios Económicos Urbanos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en cambio, advirtió sobre el riesgo de confundir la incorporación tecnológica con una política urbana integral. Señaló: “Una ciudad inteligente no es la que acumula más tecnología, sino la que planifica mejor. La tecnología es un instrumento al servicio de objetivos urbanos definidos previamente: calidad de vida, sustentabilidad, equidad, eficiencia en el uso del suelo”.
La Ciudad de Buenos Aires aparece entre las jurisdicciones argentinas con mayores avances, aunque los expertos identificaron desafíos que exceden la modernización tecnológica.
Bellochio destacó la digitalización de trámites y servicios, plataformas de atención ciudadana como Boti, el sistema de bicicletas públicas, el uso de tecnología para gestionar la movilidad, los sistemas de monitoreo urbano y la apertura de datos públicos.
También mencionó el Parque de Innovación en Núñez como un espacio para reunir universidades, empresas, emprendedores y proyectos vinculados con el conocimiento.
Lanza coincidió en que Buenos Aires cuenta con ventajas por su presupuesto, la continuidad de sus equipos y la escala de sus iniciativas. A los servicios digitales y las herramientas de movilidad sumó los planes de transporte y urbanismo, que también forman parte de una transformación inteligente, aunque no dependan exclusivamente de las tecnologías de la información.
Tomé reconoció el avance de las herramientas digitales, entre ellas Boti, el portal BA Data y Ciudad 3D, vinculado con el desarrollo urbano. Sin embargo, advirtió que estos instrumentos "no eliminan las desigualdades territoriales ni resuelven la falta de articulación metropolitana".
"La reducción de esas brechas requiere inversión pública en infraestructura y vivienda, además de acuerdos de gobernanza urbana. La digitalización puede facilitar la gestión, pero no reemplaza las decisiones sobre dónde construir, cómo conectar los barrios y qué servicios necesita cada zona", amplió Tomé.
Fuera de CABA, los entrevistados identificaron distintas experiencias:
Córdoba: Bellochio destacó la articulación con el ecosistema emprendedor y las iniciativas de innovación pública. Lanza mencionó la telegestión de luminarias y la construcción del C6, un centro de operaciones que busca integrar áreas y mejorar la coordinación municipal.
Mendoza: allí se registraron avances en movilidad, gestión del espacio público y herramientas digitales.
Rosario: Tomé resaltó la evolución del Presupuesto Participativo, que incorporó recursos digitales y postas territoriales para facilitar la participación de los vecinos.
Partido de Tres de Febrero: allí sobresale el instrumento de captura de plusvalías creado a partir del Código de Ordenamiento Urbano de 2015. Los recursos se destinan a un fondo para financiar infraestructura, hábitat y patrimonio.
Partidos de Vicente López, Escobar, San Miguel y Tigre: Lanza mencionó iniciativas de seguridad ciudadana y coordinación de operaciones. Tigre fue pionero, hace quince años, con un centro de operaciones que integró distintas áreas y una flota de drones.
San Miguel de Tucumán: Casa Azul, una iniciativa de atención y acompañamiento para personas con autismo y sus familias. Para la especialista, el caso demuestra que la innovación también consiste en reconocer necesidades sociales que antes quedaban relegadas.
Los ejemplos muestran que no todas las ciudades avanzan por el mismo camino. Algunas priorizan la seguridad y los servicios digitales; otras, la participación ciudadana, la movilidad o la atención de grupos con necesidades específicas.
La discusión sobre las ciudades inteligentes también obliga a revisar los indicadores con los que se evalúan las políticas públicas. Para Lanza, es necesario observar la calidad de los servicios y el uso de los recursos económicos, humanos y tecnológicos. En seguridad, por ejemplo, no alcanza con contabilizar delitos: también importan los incidentes de tránsito, los accidentes y la capacidad de respuesta coordinada de los organismos.
Bellochio propuso incorporar mediciones sobre la experiencia de los habitantes. Además de los tiempos de desplazamiento, el consumo energético, las emisiones y el acceso a los servicios, consideró necesario observar cuánto tiempo recuperan las personas gracias a una mejor movilidad, qué tan accesibles resultan los espacios públicos y cuánta autonomía tienen en su vida cotidiana.
Tomé enumeró cinco componentes centrales: visión estratégica y gobernanza de datos; movilidad sostenible e intermodal; financiamiento sostenible mediante la captura de plusvalías; inclusión social y participación ciudadana; y economía local e innovación.
También planteó que los resultados deben medirse con objetivos verificables, como la reducción de emisiones, el acceso a servicios según el nivel socioeconómico, los tiempos de traslado y el grado de ejecución del plan urbano. “Si no se puede medir, no se puede gestionar”, resumió.
El desarrollo inmobiliario tiene un papel relevante porque las viviendas y los edificios comerciales no funcionan de manera aislada: forman parte de un tejido urbano que condiciona los desplazamientos, el acceso al transporte, la cercanía de los servicios y el uso del espacio público.
Lanza señaló que la construcción puede incorporar estándares y certificaciones internacionales como LEED, BREEAM y EDGE, además de tecnologías vinculadas con la eficiencia energética y la automatización. La domótica, los sensores, las energías renovables, el uso eficiente del agua y los materiales sustentables también pueden mejorar el desempeño de los edificios.
Tomé destacó un aspecto que, según explicó, suele recibir menos atención: las estrategias pasivas de reducción del consumo energético. La orientación de los edificios, la ventilación cruzada, el aprovechamiento de la luz natural, la inercia térmica de los materiales y las protecciones solares pueden reducir la demanda de energía desde la etapa de diseño.
Estas decisiones pueden tener costos marginales o nulos si se incorporan desde el inicio del proyecto. La automatización y las energías renovables permiten reducir gastos operativos a largo plazo.
Bellochio destacó que la domótica puede mejorar la autonomía de personas mayores o con discapacidad. También propuso "incorporar espacios de calma sensorial, señalética accesible y recorridos inclusivos para personas neurodivergentes. El desafío es que la inclusión forme parte del diseño y no quede limitada a desarrollos de alta gama".
Los desarrolladores pueden integrar viviendas, comercios y servicios, pero necesitan planificación pública. Lanza destacó el modelo de la ciudad de los 15 Minutos, que acerca vivienda, trabajo, educación y comercios, aunque requiere coordinación estatal para extenderse.
Bellochio defendió la articulación público-privada: "el Estado debe planificar y regular, mientras que el sector privado aporta inversión e innovación. La clave es evitar que las soluciones queden restringidas a proyectos aislados o sectores de mayores ingresos".
Los obstáculos para avanzar hacia ciudades inteligentes incluyen la falta de planificación, la discontinuidad institucional, las desigualdades entre municipios y la escasa coordinación entre jurisdicciones.
Lanza señaló las restricciones presupuestarias y la falta de equipos estables en muchos municipios. Recomendó definir una hoja de ruta, priorizar proyectos y medir sus resultados para darles continuidad.
Tomé advirtió que, pese a que el 92% de la población argentina vive en ciudades, el país carece de una ley nacional de ordenamiento territorial. Esa ausencia, sostuvo, dificulta establecer criterios comunes para planificar el crecimiento urbano y financiar infraestructura. Cerró: “En otras palabras: sin plan, la tecnología es gasto; con plan, es inversión”.