El Gobierno debió convalidar ayer un aumento del salario mínimo de 26,6% por tres meses, muy distante de la pauta que Sergio Massa imaginó para las paritarias de este año, y como agravante ni siquiera contó con el apoyo de Pablo Moyano y Hugo Yasky, dos dirigentes que en anteriores ocasiones siempre respaldaron la posición oficial en el debate por el piso de ingresos. La controversia desatada ayer en la negociación del Consejo del Salario dejó entrever, una vez más, las diferencias que existen en el Frente de Todos entre el kirchnerismo y el equipo económico.
El plenario, reunido de manera virtual, votó por mayoría una suba del actual piso salarial en tres tramos: 15,6% en abril, 6% desde mayo y 5% a partir de junio, con revisión pautada para el 15 de julio (será sábado), que llevará el mínimo de los actuales $69.500 a $87.987 al cabo del trimestre. Como sucede en los últimos años, el piso resuelto tendrá su mayor impacto sobre el valor de los planes sociales, que equivalen a la mitad del mínimo y se ajustan automáticamente junto con la variable debatida ayer. El Ejecutivo había planificado un escenario muy diferente, con una suba apenas superior al 30% con vigencia por un semestre.
Y si bien la reunión final del Consejo del Empleo, la Producción y el Salario Mínimo, Vital y Móvil registró el voto favorable de 30 de sus 32 integrantes, el resultado fue magro para el Gobierno. Al sufragio negativo de la CTA Autónoma, un clásico de cada encuentro, ayer se sumó la abstención de la CTA de los Trabajadores, con Yasky a la cabeza. El docente, que habitualmente es un voto que el Gobierno contabiliza a favor, es diputado nacional del Frente de Todos y uno de los dirigentes más cobijados por Cristina de Kirchner.
Pero lo más novedoso de la sesión plenaria fue el portazo virtual de Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT y adjunto de Camioneros. El dirigente se cruzó en duros términos con el presidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, en medio del debate. El sindicalista le endilgó al abogado (que también encabeza la mayor patronal de la industria alimenticia, Copal) ser responsable principal de la inflación.
Luego la tensión se elevó cuando el mecánico Mario Manrique (Smata) quiso intervenir en la discusión de la Comisión del Salario, la instancia decisiva del Consejo por ser la que define el aumento a ser convalidado por el plenario. La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos le hizo saber que no le correspondía hacerlo y Manrique, secretario gremial (número 3 en el escalafón) de la CGT y mano derecha de Moyano, se dijo víctima de un acto de censura. Con ese telón de fondo, y en apariencia disconformes con el número resuelto previamente, ni Moyano ni Manrique asistieron al encuentro final.
En su lugar la delegación de la central obrera mayoritaria debió echar mano de dos suplentes: el panadero Gastón Frutos y la gastronómica Susana Álvarez (Uthgra) votaron en lugar del camionero y el mecánico, respectivamente. Sólo así pudo quedar en actas un acuerdo con el sufragio a favor de los 16 representantes patronales (industria, comercio, bancos, agro, construcción y la Bolsa) y los 14 de la CGT. La abstención de la CTA de los Trabajadores no estuvo exenta de ruidos internos en esa central, que había participado en el diseño del aumento desde el principio hasta el final y que sorprendió a propios y ajenos con su voto.
Para los funcionarios a cargo de la negociación, ambos reveses tuvieron como elemento en común la influencia del kirchnerismo. El sector que lidera la vicepresidenta se diferenció en numerosas oportunidades con la política de ingresos del Gobierno. Ya fuese con el reclamo no atendido por Alberto Fernández de implementar una suma fija para apuntalar los sueldos del sector privado o bien con la promoción de pautas salariales por encima de las diseñadas por los equipos económicos de Martín Guzmán, primero, y de Massa en la actualidad.
