La Cámara de Apelaciones concedió este jueves un recurso extraordinario al Gobierno nacional en el marco de la causa por la ley de Financiamiento Universitario que frena la cautelar y estira el plazo de definición hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Ejecutivo lleva el caso al máximo tribunal para impedir su implementación. Mientras tanto, las universidades reclaman por el presupuesto y activan movilizaciones.
Financiamiento universitario: el Gobierno gana tiempo y logra estirar plazos hasta que defina la Corte
El Ministerio de Capital Humano logró suspender temporalmente la aplicación de la ley aprobada por el Congreso de la Nación. La última palabra la tendrá el máximo tribunal.
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Conflicto por los hospitales universitarios: el Gobierno negó una deuda, pero la UBA salió al cruce
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La UBA convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria: "El Gobierno destruye nuestra única herramienta de movilidad social"
La Justicia concedió un recurso al Poder Ejecutivo en el marco de la causa de las universidades.
El fallo del tribunal, con las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, resuelve en favor del planteo presentado por el Estado nacional en el expediente, en el cual la propia cámara se había expedido mediante una cautelar en favor del Consejo Interuniversitario Nacional que ordenaba cumplir con la normativa.
La resolución de este jueves manifiesta que "el pronunciamiento del 31 de marzo de 2026, por el que este Tribunal decidió confirmar la resolución de primera instancia de fecha 23 de diciembre de 2025 (...) no reviste el carácter de sentencia definitiva" por lo que hicieron lugar al planteo del Gobierno al pronunciarse "en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa".
En sus argumentos, los jueces desestimaron la invocación de "gravedad institucional" que esgrimió el Gobierno dado que la intervención de la Corte "no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional de la accionada" sino que "sólo tiende a remediar un simple interés patrimonial de carácter individual", el cual, según afirman, no excede aquel que pudiera involucrar a cualquier otro ente estatal "tanto más cuando tampoco se ha demostrado la real y concreta frustración de un derecho federal".
"Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", informó Capital Humano al respecto del fallo.
En un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello recordó que a través del Decreto N° 759/25 se promulgo la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento ya que, según afirman, "su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas".
En ese marco, argumentó la suspensión en pos de "de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado".
La UBA se moviliza en reclamo por el financiamiento universitario
En la previa del fallo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a la comunidad académica y a la sociedad civil a marchar el próximo 12 de mayo. La convocatoria se da en línea con el reclamo por la implementación inmediata de la ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial docente y no docente y por partidas para la atención en salud.
En esa línea, apuntaron contra el Gobierno al considerar que "destruye la única herramienta de movilidad social" y alertaron que "un médico que atiende menos, es peor formado".
El conflicto entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el financiamiento de los hospitales universitarios sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desmintiera una deuda con la casa de estudios, la universidad salió al cruce y sostuvo que el propio comunicado oficial confirma que no se transfirieron fondos de la partida específica destinada a gastos operativos.
La respuesta oficial había llegado después de que los directores de la red de hospitales universitarios de la UBA advirtieran que las dependencias clínicas podrían sostener su funcionamiento por apenas 45 días más, en medio de la crisis presupuestaria que atraviesan.
En el documento difundido por la cartera nacional, la gestión libertaria aseguró: "El Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento".



