Asentamientos y política de vivienda

El gobierno destaca los avances en la regularización y relocalización de asentamientos. Los puntos clave para una política de vivienda robusta.

Realojamiento del asentamiento Kennedy en Maldonado.

Foto: Presidencia

La vivienda es una de las áreas de la política pública más relevantes y sensibles. Y uno de los capítulos más complejos es el vinculado a los asentamientos, desde discusiones sobre su real dimensión, hasta su regularización y relocalización.

En los últimos días, la directora de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Florencia Arbeleche, destacó los avances logrados en el Plan Avanzar, que tiene a cargo el trabajo de regularización y relocalización de asentamientos.

El Plan coordina el trabajo de varias iniciativas que se fueron desarrollando a lo largo de los últimos años en esta área, a los que se aplicó un aumento de recursos significativo, de unos 240 millones en el quinquenio; cerca del doble respecto al presupuesto anterior. Esto se realiza a través de incrementos de partidas presupuestales propiamente, y del Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU), gestionado a nivel de la CND.

Un paso clave en esta política fue el convenio del año 2022 con el Congreso de Intendentes, para trabajar con cada gobierno departamental en la estrategia para cada lugar. A marzo del 2020 había unos 684 asentamientos registrados en Uruguay, donde se estima vivían unas 220.000 personas.

Un aspecto básico para desarrollar una política efectiva es censar cada asentamiento, para calibrar la magnitud del desafío y definir el alcance de la intervención, y que no sobrevengan reclamos posteriores. Las necesidades son ilimitadas, pero hay que definir estrictamente la intervención para que sea eficaz.

El trabajo en asentamientos es particularmente arduo para cualquier gobierno. No solo hay que cuidar los complejos aspectos sociales que están en juego en cada situación, sino los asuntos puramente legales y de infraestructura. Tanto para regularizar como para relocalizar, el Estado tiene que tener la propiedad de la tierra, y eso no se establece de un día para otro.

La propia Arbeleche ha destacado que es preciso planificar previamente el trabajo de regularización o relocalización, para que luego no haya trabas imprevistas. Esto exige el trabajo coordinado de arquitectos, abogados y trabajadores sociales. No es sencillo y es lento. Y como la discusión política tiene la ansiedad del ciclo electoral, todo parece poco.

Sin embargo, una vez encauzado el Plan, el trabajo parece haber tomado consistencia e impulso. El gobierno ha divulgado que la intervención en asentamientos pasó de un rango de 50-60 a trabajar sobre unos 108 en estos meses, que abarcan unas 12.800 familias; para marzo próximo se espera que la cifra llegue a 120. Esto implica —según cifras oficiales— que unas 15.000 familias (alrededor de 50.000 personas) se hayan beneficiado del plan, en diverso grado. Dicho de otra manera, 1 de cada 4 personas en asentamientos tendrá regularizada o en vías de regularización su situación.

A largo plazo

Más allá del importante trabajo que se está realizando, hay asuntos de fondo a considerar para una mejor política en este plano, que es parte esencial de la política de vivienda. Por un lado, la necesidad de una actuación más enfática (más autoridad) en evitar la instalación de nuevos asentamientos. Esto no solo mejora la política en su base, sino que reafirma el trabajo de regularización. Bastante contradictorio sería seguir el camino de la regularización y relocalización, si surgen asentamientos nuevos simultáneamente. Esto exige autoridad y este plano no es siempre amigable desde el punto de vista político, pero es esencial.

El otro punto clave es evitar las crisis económicas. El lector se podrá preguntar qué tiene esto que ver con lo anterior y la política de vivienda. No es antojadizo: en vivienda se necesitan políticas de largo plazo y estabilidad, para acumular inversiones y dar garantías. En especial, para que la opción del alquiler —la más directa, flexible y hoy más económica de acceso a la vivienda— sea razonable para los trabajadores. A lo largo del siglo pasado (en especial en su primera parte), el alquiler era una de las vías recurrentes de acceso a la vivienda. Pero las sucesivas y graves crisis posteriores y la inestabilidad política y social, afectaron el mercado y llevaron a una mayor informalidad. La ley de alquileres de fines de los 60, en su afán de proteger al inquilino, deprimió la oferta y tuvo el efecto inverso al previsto. Así, el deterioro social también se vio en el mercado inmobiliario, con más informalidad y asentamientos.

Hoy se está en proceso de revertir esa tendencia y, de manera paulatina, el mercado de alquileres se muestra más activo. Esto sucede porque hay más oferta, entre otros factores por el plan de Vivienda Promovida, a través del cual se han sumado 39.700 nuevas viviendas, tiene 4.063 en estudio y sigue adelante. El costo del alquiler en relación al ingreso medio va bajando. Según cálculos de la consultora AIC Economía, el alquiler medio implicaba el 30,6% del ingreso medio en 2020. Hoy la cifra es 26,2%.

Por supuesto, otras modalidades de acceso muy importantes como las cooperativas, así como un aumento en el propio crédito para compra de vivienda, también se muestran dinámicos. Según cifras del Banco Central del Uruguay (BCU), el crédito para vivienda subió de 2.600 a 3.300 millones de dólares en los últimos 3 años. El Estado ha desplegado apoyos en las diversas modalidades señaladas y otras, cuya ejecución estos años se refleja en el cuadro adjunto.

Así, el mercado de vivienda presenta síntomas de mejora. Acompañar eso con la regularización y relocalización de asentamientos (y evitar que haya nuevos) va en sintonía.