El gobierno pretende mantener la tasa fluvial pese al rechazo de las empresas de transporte

La disposición de la gestión anterior aún no se aplica debido a la negativa de Buquebus y Colonia Express, pero para el Ministerio de Turismo no supone un diferencial significativos para los viajeros.

El gobierno pretende mantener la tasa fluvial pese al rechazo de las empresas de transporte.

El gobierno mantendrá la tasa fluvial decretada por la gestión anterior y que todavía sigue sin aplicarse, pese al rechazo de las empresas de transporte alcanzadas por la medida, Buquebus y Colonia Express.

Así lo confirmó la subsecretaria del Ministerio de Turismo (Mintur), Ana Caram, mientras continuaban las dudas sobre la aplicación efectiva de esta tasa sobre los pasajes de todos los usuarios del transporte fluvial, la cual generó polémicas desde el momento mismo de su anuncio por parte de la administración anterior hace dos años, el 31 de enero de 2024. "Hoy se mantiene lo que está", afirmó, de forma escueta.

Según la jerarca, "en todos los lugares uno tiene tasas turísticas por determinados servicios", y el costo adicional de 2,10 dólares más IVA en concepto de "precio por servicio de seguridad" no modifica la decisión de los viajeros al momento de elegir los destinos turísticos uruguayos.

La tasa fluvial debía entrar en vigencia a partir de febrero del año pasado, pero el rechazo sostenido por Buquebus y Colonia Express no permitió su aplicación efectiva. Con el cambio de gobierno, la situación quedó en pausa —a nivel político, ya que la impugnación del impuesto se mantuvo a nivel judicial, con los recursos correspondientes presentados ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA)—; y recién ahora el oficialismo estableció su intención de mantener lo dispuesto por la gestión previa.

¿De qué se trata la tasa fluvial?

El 31 de enero de 2024 se publicó un decreto del Poder Ejecutivo que dispuso una nueva tasa de 2,10 dólares más IVA para aquellos pasajeros que entren o salgan del país por vía marítima o fluvial, en concepto de “servicio de seguridad” para implementar efectivamente el sistema de control fronterizo.

Entonces, la decisión fue tomada por el gobierno con el objetivo de financiar el Sistema Integral de Gestión Migratoria (Sigmu), pero no solo generó sorpresa dentro del Ejecutivo mismo —tanto el entonces ministro de Turismo, Tabaré Viera, como el viceministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Olaizola, negaron ser parte de la iniciativa—, sino también fuerte rechazo en las empresas de turismo fluvial, que deben ser las encargadas de cobrar esta tasa dentro del valor total de los pasajes, como agentes de retención.

En el caso de los pasajeros de cruceros que ingresen o salgan del país el cobro y retención de la tasa quedará a cargo de la agencia marítima a la que esté consignado el buque.

Según Buquebus y Colonia Express, dicha tasa provocará un aumento en sus estructuras de costos, por lo que se negaron a cobrar el adicional. Además, señalaron que el sistema objeto del financiamiento del impuesto es para todos los puestos de control migratorio del país, pero que a las empresas de transporte no se les impuso la obligación de cobrar ningún gravamen, lo que afecta directamente el principio de igualdad de cargas públicas.

En julio de 2024, ya habían presentado diversos recursos solicitando la impugnación de la tasa fluvial, entendiendo que no solo se afectaron las normas legales sino también los acuerdos políticos, en tanto se creó una obligación por decreto y no por ley, como establece el artículo 10 de la Constitución.