La Intendencia de Salto resolvió en los últimos días la remoción de 292 funcionarios municipales, una decisión que generó fuerte conflicto con la filial local de Adeom, que acusa a la nueva administración de llevar adelante una "persecución política" contra los trabajadores.
La Intendencia de Salto cesó a 292 funcionarios y el sindicato denunció persecución política
Desde el Departamento aseguran que los contratos eran irregulares y que la medida permitirá ahorrar recursos.
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Carlos Albisu dio el batacazo y recuperó Salto para el Partido Nacional
El conflicto se disparó tras el despido de los municipales.
El secretario general del gobierno departamental, perteneciente al Partido Nacional (PN) y bajo la gestión de Carlos Albisu, explicó a Canal 4 que la medida responde a motivos legales y económicos. Según detalló, los empleados en cuestión debían haber cesado automáticamente con el cambio de gobierno, ya que el convenio colectivo firmado el año pasado con Adeom no tiene validez jurídica. Ese acuerdo, rubricado en junio ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) durante la anterior administración, es considerado "nulo" por la nueva conducción departamental.
Desde la Dirección de Gestión Humana, las autoridades sostienen que la permanencia de estos trabajadores implicaba un costo que la comuna no podía sostener. El argumento se apoya en que los ingresos se produjeron en el tramo final de la gestión saliente, lo que a juicio del oficialismo configura un incumplimiento de la normativa de transición de gobiernos departamentales.
La versión del sindicato
En contraste, la visión sindical es diametralmente opuesta. Para Adeom Salto, la decisión no obedece a criterios administrativos sino a un "plan sistemático de persecución política" contra trabajadores identificados con la gestión frenteamplista anterior. Voceros de la organización denunciaron que las cesantías afectan a decenas de familias y generan un clima de "incertidumbre y miedo" dentro de la plantilla municipal.
El sindicato anunció que impugnará la medida por la vía administrativa y no descarta movilizaciones en las próximas semanas. Desde la conducción gremial indicaron que se trata de una señal muy grave para los derechos laborales en el departamento.
Mientras tanto, la Intendencia insiste en que la reestructura es parte de un plan de ordenamiento de cuentas y asegura que el ahorro permitirá destinar recursos a obras y servicios.
El conflicto marca un nuevo capítulo en la histórica tensión entre los gobiernos departamentales y Adeom, ahora con un trasfondo político que promete escalar en los próximos días.
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