Los reclamos de los productores por el Acuerdo Mercosur-UE, eclipsados entre proteccionismo y exigencias ambientales dispares

El contenido de la asociación comercial entre ambos bloques no puede modificarse, pero el sector agrícola y ganadero sigue pujando por sus intereses.

Productores del Mercosur acusan de proteccionismo a las exigencias ambientales europeas. 

El contenido del Acuerdo Mercosur-UE ya está cerrado y gran parte de los involucrados espera la aprobación del Parlamento Europeo antes de fin de año; sin embargo, siguen los cuestionamientos de los productores europeos que reclaman paridad en las exigencias ambientales, mientras que los sudamericanos acusan que requisitos son una pantalla del proteccionismo.

Desde el otro lado del Atlántico, especialmente en Francia, basan sus dudas en la capacidad de control de los entes encargados de corroborar que se cumplan los requisitos ambientales en Sudamérica. A partir de allí, aseguran que los productores de la región tendrán una ventaja comercial por encima de los europeos. “Lo que se está cuestionando es que no hay mecanismos de control suficientes”, dijo el doctor en relaciones internacionales y director del Instituto de Negocios Internacionales (INI) de la Universidad Católica del Uruguay, (UCU), Ignacio Bartesaghi, en diálogo con Ámbito.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina asegura que existen dos diferencias clave entre la agricultura y ganadería europeas y las del Mercosur. Una de ellas corresponde a los subsidios otorgados por parte de los gobiernos del viejo continente a sus productores, mientras que en el sur latinoamericano no abundan este tipo de ayudas. En consecuencia, y como segunda diferencia, los primeros encuentran mayores exigencias en cuanto a permisos y autorizaciones.

Productores rechazan el proteccionismo agrícola

Esta semana la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), emitió un comunicado en contra de las regulaciones europeas de deforestaciones que son aplicadas a los productores locales. Sus representantes, entre los que se encuentran dos asociaciones uruguayas: la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR), las tildaron de “inaceptables” y “punitivas”.

"La FARM considera inaceptable que medidas unilaterales, punitivas y que no respetan las realidades productivas de cada país, como la Regulación Europea sobre la Deforestación (EUDR), sean utilizadas como barreras comerciales encubiertas, desconsiderando los esfuerzos e inversiones realizados por los productores del Mercosur", remarca la misiva de la asociación.

Es allí donde se ponen en discusión las capacidades de los productores locales frente a los requisitos europeos. “Lo que hay que entender es que se está negociando entre economías desarrolladas y otras en desarrollo. Se necesita tiempo y cooperación para cumplir los estándares”, argumentó Bartesaghi.

Foto: @PNCortabarria

“En algún momento tenés que exigir que tus partners cumplan los estándares que tu legislación también exige, pero tiene que ser en una lógica de transición, de cooperación y no de imposición como pretendía inicialmente la Unión Europea (UE)”, explicó el director del INI, trayendo a colación las confusiones de las exigencias ambientales con el lobby proteccionista.

Así, se plantean dos discusiones: la primera de ellas se basa en las objeciones de los productores europeos que reclaman una falta de paridad en las exigencias ambientales en relación a los exportadores del Mercosur; y, por otro lado, está la disyuntiva de hasta donde se puede trabar el comercio en un mundo de multilateralismo e inestabilidad económica y política, siendo el acuerdo entre las dos regiones un espacio de tierra firme donde pararse.

La ventaja natural del Uruguay

Por razones geográficas, Uruguay nunca tuvo que talar para producir ya que no cuenta con selvas y sus bosques nativos están protegidos bajo la Ley Forestal N° 13.689, promulgada en 1968, lo que genera una ventaja natural frente a los otros países del Mercosur. “Como en Uruguay nunca se deforestó, se posiciona en un lugar muy distinto y privilegiado frente a países donde el área de selva es muy vasta. Sencillamente tiene que comprobar lo que ya sucede, por lo que el acuerdo con la UE, para nosotros, es todo a favor”, aseguró Blasina.

“El país cumple con los estándares ambientales propuestos en el capítulo de desarrollo sostenible del acuerdo, tanto en términos de sostenibilidad, en la no deforestación para la producción agrícola y ganadera. Eso no es un problema para Uruguay”, añadió a la discusión Bartesaghi.

Sin embargo, hay dos desafíos que el país tendrá que afrontar. El primero de ellos corresponde a la constatación del cumplimiento de los requisitos. “Se va a tener trabajar en el cómo se acredita que su producción agrícola es sostenible ya que eso también implica procedimientos, autorizaciones. Es más costo y más burocracia”, explicó el especialista en relaciones internacionales, quien recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a ayudar al país en ese proceso.

Por el otro, las exigencias ambientales que Uruguay sigue a raja tabla pone en duda si lo posicionará en un lugar de preferencia frente a otros países que no cumplen y optan por la deforestación de sus selvas, como es el caso de Brasil y Paraguay. “Nos posiciona mejor con la UE, pero también con el EFTA, en el sentido que a igual precio damos la garantía de que la carne es libre de deforestación y que tiene una trazabilidad creíble. Pero tampoco la ventaja es decisiva, si la carne brasileña es mucho más barata, Uruguay no tendría una preferencia relevante”, explicó Blasina.

A pesar de las quejas de los productores europeos – que demandan controles eficientes y denuncian disparidad en los requisitos – y de los reclamos latinoamericanos que acusan de proteccionismo agrícola y eurocentrismo, hay una premisa clave en las negociaciones entre ambos bloques: la necesidad de firmarse el acuerdo es indiscutible, porque la credibilidad de los representantes de ambas regiones está en juego tras más de 25 años de conversaciones.