Uruguay se enfrenta a riesgos fiscales crecientes si no invierte en modernización y fortalecimiento institucional, advirtió el BID

El organismo internacional realizó un duro diagnóstico sobre el país e identificó diferentes problemas que buscará resolver junto al gobierno.

Uruguay se enfrenta a riesgos fiscales crecientes si no invierte en modernización y fortalecimiento institucional, advirtió el BID.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un duro diagnóstico sobre la gestión de las finanzas públicas en Uruguay, en el marco de un documento de preparación para un programa en el que trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La gestión fiscal en el país no viene siendo uno de los aspectos en el que las diferentes administraciones logren, por lo menos hasta el momento, tener un buen desempeño: los altos niveles de déficit fiscal —acompañados de un endeudamiento elevado en relación con el Producto Interno Bruto (PIB)— y actual estrecho margen en torno al gasto son los ejemplos más concretos de ello; y los problemas más señalados por organismos internacionales.

Al respecto también se refirió el BID en un documento diagnóstico que elaboró sobre Uruguay, como paso previo para la elaboración de un programa que llevará a cabo junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tal y como informó el semanario Búsqueda.

Debilidades institucionales y sostenibilidad comprometida

Si bien el documento destaca el "contexto socioeconómico relativamente favorable" de Uruguay —sobre todo en comparación con el promedio de los países de América Latina y el Caribe—, rápidamente apunta a "importantes debilidades institucionales en áreas clave de la gestión fiscal" que se ocultan detrás del desempeño positivo en determinados rubros de la economía.

En ese sentido, y entre otras cosas señaladas, para el BID "persisten desafíos estructurales que comprometen la sostenibilidad de los ingresos tributarios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos para lograr los mejores resultados con los insumos disponibles”, una situación que “podría afectar los avances ya alcanzados”.

Entre los aspectos problemáticos, el BID apunta a una "menor efectividad en los mecanismos de fiscalización" —visión compartida por las autoridades del MEF—, que se observa en una disminución del 80% al 70% en la percepción de riesgo de sanción por incumplimiento desde el 2016. También realiza diferentes críticas a la Dirección General Impositiva (DGI) en relación con una vaga "construcción de una imagen de justicia fiscal"; las limitaciones en el avance de la digitalización; un elevado costo de cumplimiento tributario; la ausencia de un modelo de cumplimiento basado en riesgos; y las “debilidades para la explotación de datos y desconocimiento sistematizado de los perfiles de riesgo de los contribuyentes y procesos centrados en la autodeterminación tributaria”

Todo ello reduce el pago voluntario y dificulta una fiscalización eficaz, según el organismo internacional que también cuestionó el desempeño de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), principalmente a partir del "desfase creciente" que presenta "frente a la transformación acelerada del comercio exterior", reflejado en "procedimientos de inspección prolongados y con altos costos operativos” que no responde a las demandas actuales.

"Determinantes" de las problemáticas a resolver

Además de la baja eficiencia en fiscalización tributaria, el BID apuntó al gasto público como otro "determinante" a resolver a través del programa conjunto con el gobierno. Específicamente, la "ineficiencia" en el uso de los recursos públicos, que representa un 3,7% del PIB —según datos que llegan hasta el 2018—; la "subejecución persistente" en la administración central, en torno el 89% del presupuesto asignado; y las "deficiencias de oportunidad, calidad y cobertura de la información estadística” al respecto.

Según el organismo internacional, “la eficiencia del gasto público se ve comprometida por una gestión fragmentada y desarticulada en las organizaciones públicas”, en tanto la trazabilidad de los recursos se ve limitada, a la vez que se obstaculiza la planificación y asignación del gasto y se restringe la toma de decisiones basadas en evidencia. A esto se suman, además, "fragilidades en la asignación y ejecución presupuestaria, en la gestión de la tesorería, y en la evaluación de la calidad de los gastos —tanto tributarios como no tributarios—, así como oportunidades de mejora en fortalecimiento de las instituciones fiscales y en la gestión de la deuda pública”.

Estas limitaciones se agravan por la "debilidad del sistema estadístico", resultado de deficiencias técnicas y operativas en el Instituto Nacional de Estadística (INE) que afectan la "disponibilidad de datos confiables y oportunos, dificultan la definición y el monitoreo de políticas públicas, y limitan la incorporación de evidencia en la planificación presupuestaria y la evaluación del gasto”.

Con este preocupante telón de fondo, el BID advierte: “Si estas debilidades no se abordan mediante inversiones estratégicas en modernización y fortalecimiento institucional, el país enfrentará riesgos crecientes, tales como: un aumento de la evasión tributaria y contrabando, mayores costos de cumplimiento para los contribuyentes, incremento en el costo de hacer negocios, y pérdida de eficiencia en la gestión del gasto público”.