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En la última década, la Argentina ha evidenciado una transformación política, económica y social sin precedentes. Estos cambios incluyeron, entre otros, la creación de millones de puestos de trabajo, la incorporación de numerosos sectores de la tercera edad al sistema de previsión, la asignación universal por hijo y el período de crecimiento económico más extenso y veloz del que se tenga registro. Estos cambios se han dado en sintonía con la recuperación de la participación ciudadana en la esfera pública y la reivindicación del rol del Estado como articulador de las relaciones sociales.
Para consolidar este modelo de país basado en el desarrollo económico con inclusión social, se introdujeron una serie de reformas en el sector financiero. Estas incluyen la eliminación de las AFJP, la sanción de una nueva carta orgánica del Banco Central, mejoras en el sector asegurador y la nueva ley del mercado de capitales, promulgada en diciembre de 2012.
Todos estos cambios han tenido un impacto muy positivo sobre la sociedad argentina y todos ellos apuntan a un pilar fundamental del desarrollo económico: movilizar de forma eficiente los recursos de la economía, incentivando el ahorro en moneda local y trasladándolo hacia la inversión productiva que dinamice la actividad económica y el empleo.
El mercado de capitales ha recobrado vitalidad en los últimos años. Aunque sin dudas resta mucho, los datos evidencian un crecimiento sostenido. El financiamiento que obtuvieron las empresas en el mercado de capitales en 2003 ascendió a $5.057 millones, mientras que en 2012 totalizó $ 35.454 millones, lo que implica un incremento del 601% durante el último decenio.
Respecto a los Fondos Comunes de Inversión, crecieron en cantidad y patrimonio administrado. En diciembre de 2006, el patrimonio de los FCI ascendía a $18,9 miles de millones y en marzo de 2013 a $57,2 miles de millones, representando una suba del 203%.
En lo referido a la composición de este financiamiento, también se observa un cambio cualitativo importante. Históricamente el financiamiento a través de obligaciones negociables y fideicomisos ha sido destinado principalmente al consumo, pero en los últimos años se ha advertido un incremento en la financiación de proyectos relacionados con el sector PyME y la infraestructura: mientras que en el período 2006-2008 se colocaron fideicomisos de infraestructura por $661 millones (2,6% del total de fideicomisos), en los tres años siguientes 2009-2011 se colocaron $ 13.511 millones, representando un 32,6% del total.
LA CNV ha venido consolidando estas transformaciones en el ámbito del mercado de capitales. Es así como en los últimos años se tomaron medidas significativas que tendieron a otorgar una mayor transparencia en el funcionamiento del mismo. Medidas entre las cuales se pueden mencionar la puesta en funcionamiento de un nuevo código de gobierno societario, la obligatoriedad de publicar los manuales de calificación de las agencias calificadoras de riesgo, así como también las comisiones que cobran los intermediarios a sus clientes.
También han existido disposiciones prudenciales destinadas a proteger al inversor minorista, usualmente eslabón más débil entre los distintos actores que participan del mercado. De esta forma, se propició el acceso en línea a los saldos de tenencias en caja de valores, se puso en vigencia el "código de protección al inversor", se puso en funcionamiento un 0800 para la atención pormenorizada de consultas y se lanzó la web invertir.gob destinada a la educación financiera.
En esta misma dirección, se adoptaron decisiones conducentes a garantizar una mayor participación de las empresas PyME, no sólo a través de regímenes especiales y categorizaciones más inclusivas, sino también a través de la vehiculización del ahorro hacia nuevos instrumentos como los Fondos Comunes de Inversión PyME, de infraestructura y de innovación tecnológica.
Como punto destacado de estos últimos 10 años, se avanzó sobre la sanción de la ley 26.831, reemplazando la ley 17.811, diseñada bajo paradigmas neoliberales. La antigua norma consagraba la autorregulación de los mercados, sistema que se ha mostrado sus falencias y que ha sido paulatinamente reemplazado de los estándares mundiales en materia de regulación.
En este sentido, el primer rasgo saliente de la nueva ley es el fortalecimiento del rol de la CNV como autoridad de control y fiscalización. Esta modificación no sólo garantiza mayor transparencia en el funcionamiento de los mercados, sino también la posibilidad de crear nuevos instrumentos que incentiven el desarrollo del ahorro en moneda local. La nueva ley también asegura la desmutualización, que abrió la puerta a la federalización de los mercados. Ante la realidad de un mercado de capitales muy concentrado en la Ciudad de Buenos Aires, la CNV ha propiciado la integración de los mercados regionales, hecho que permitirá una mayor escala, más competencia y la oportunidad de brindar más y mejores servicios financieros que apuntalen un crecimiento armónico de nuestro país.
Entre otras novedades, se promueve el ingreso de nuevos participantes al segmento de calificaciones de riesgo, emprendiendo el camino hacia una mayor competencia, de manera de eliminar el rasgo oligopólico de este mercado y promoviendo modificaciones que contribuyan a eliminar los conflictos de interés.
Por último, la nueva ley abre la puerta a la cooperación de los distintos organismos de control nacional en materia regulatoria. Este es un avance muy trascendente en el contexto de los cambios en la arquitectura económica y financiera que se han evidenciado en las últimas décadas. A partir de un marcado proceso de fusiones y adquisiciones, hoy en día muchas empresas revisten el carácter de conglomerados o holdings cuya actividad se reparte entre distintos sectores, dificultando la tarea de los reguladores nacionales.
En definitiva, se propone una nueva estructura de mercado, basada en la simplificación de los procesos de autorización de valores negociables, la desmutualización, el ingreso de nuevos participantes y la integración y federalización de los mercados nacionales.
Este conjunto de medidas incentivan el acercamiento entre pequeños y medianos inversores con el sector productivo del país, venciendo la barrera del desconocimiento y la desconfianza reinante para con el sector bursátil y garantizando la correcta asignación del ahorro nacional hacia la inversión, consolidando un modelo económico productivo, que genere más y mejores oportunidad para todos los argentinos.
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