El oficialismo alterna postura en avanzar o suspender proyecto D-1495-2017 que ingresó al Congreso para sancionar con penas más altas a quienes se cubran la cara, porten elementos contundentes o quemen neumáticos. Habilita las prisiones preventivas si las marchas son declaradas ilegales.
Antipiquete. El oficialismo consideró un espaldarazo el 1A y el despeje de la Panamericana durante el paro general. Por eso presentó el proyecto.
El Gobierno nacional duda en pisar fuerte el acelerador con una señal clave de endurecimiento de su postura con respecto a piquetes y manifestaciones. El espaldarazo recibido el #1A y el despeje sin complicaciones de la Autopista Panamericana y la Ruta 197 durante el paro general habían envalentonado a un sector del oficialismo para proponer una reforma del Código Penal que alcance la prisión preventiva para quienes sean encontrados responsables de incidentes durante un corte de calle o una manifestación no autorizada. No sólo incluye a quienes se cubran el rostro para no ser identificados sino también a quienes porten objetos contundentes. Una ampliación de las penas mínimas y máximas previstas, una equiparación con el delito de "amenazas coactivas", y el endurecimiento del castigo al entorpecimiento de la circulación son las claves del proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados el 7 de abril. La duda llegó 48 horas después de su presentación con el efecto que produjo el desalojo de los docentes y su escuela itinerante, en plena Plaza de los Dos Congresos. Tanto así que esquivó subir al sistema el Proyecto D-1495-2017, titulado "Proyecto de Ley de Reforma al Código Penal de la Nación contra agresiones en Piquetes e Intimidación Pública".
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Propone las modificaciones de los artículos 104, 149 bis, 149 ter, 184 y 194. En su núcleo, contempla a quienes porten "elementos contundentes" en una manifestación pública, o "elementos inflamables" (cubiertas), o actúa a "cara cubierta". Para ellos se eleva la pena de 1 a 3 años. Los mismos agravantes están contemplados para quienes a través de una manifestación (que fuera declarada ilegal por un juez) llevara adelante amenazas, elevando la pena de 5 a 10 años de prisión si esas amenazas estuvieran destinadas a "la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos".
La síntesis de esas modificaciones es que podría caratularse así a cualquier manifestación no autorizada que pueda ser calificada de extorsiva, lo que también deja a tiro de una prisión preventiva (por el monto de la pena) a quienes puedan ser detenidos en ocasión de esas manifestaciones, a las que parte de la fundamentación busca salvaguardar como derecho legítimo a la protesta, pero que cuestiona por "crecientes hechos de violencia" que el oficialismo entiende que se produjeron. En voz baja, el oficialismo considera que la discusión puede apuntalar el mandato del núcleo duro de sus propios votantes y a quienes consideran afectados por los sucesivos cortes de calles. A ello se le suma un componente simbólico: desalentar la posibilidad de que participar de ellas no atraiga consecuencias penales. Sería una forma de "ganar la calle", según lo interpretan algunos miembros del Ejecutivo que impulsaron la redacción.
En el tema de los cortes, el articulado sería taxativo para condenar de 2 a 6 años de prisión a quienes -como agravante de participar en una manifestación pública- "impidiere, estorbare o entorpeciere" el normal funcionamiento de los transportes o las vías de comunicación. Sin participar de una manifestación, ese delito contempla penas de 3 meses a 2 años. Ahora la mínima sería la máxima bajo la circunstancia de una protesta.
La discusión se trasladará al Congreso, si el Gobierno considera que puede juntar las voluntades de otros sectores políticos, aunque las primeras voces en rechazo de la iniciativa ya se hicieron oir y prometen judicializar cualquier intento de agravar penas.
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