La jueza solicitó al juez federal Carlos Soto Dávila, que había hecho lugar al amparo presentado por los justicialistas, que se declare incompetente y que le remita el expediente relacionado con el desdoblamiento de las elecciones, o en caso contrario se someta a un «tribunal de competencia», es decir, que se resuelva en la Corte Suprema. Los argumentos de la jueza se apoyan en la presentación realizada por el gobierno correntino, donde se sostiene que la decisión de convocar a elecciones locales es resorte exclusivo del gobierno provincial, y la Justicia federal no es competente en ese sentido. Esta decisión plantea un conflicto entre la Justicia provincial y la federal, y se da en el marco de un creciente enfrentamiento entre los dos socios del oficialista Frente de Todos que dirige la provincia: la UCR y el PJ. El nuevo cortocircuito arrancó cuando el radical K Colombi decidió que la elección de legisladores provinciales se realice el 16 de setiembre. Pero el congreso del PJ dio mandato a sus apoderados para que impugnen el desdoblamiento (quieren votar en octubre, junto con los comicios nacionales).
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