Limitarán la venta de tierras

Desde la vereda del radicalismo oficialista, la respuesta no se hizo esperar. «Desde una Constitución provincial no se puede modificar la Constitución nacional», advirtió el gobernador Arturo Colombi, además de considerar que la postal «fue para la tribuna».
En sintonía, el convencional constituyente Armando Aquino Britos afirmó que se trató de «una demagogia, ya que no tendrá validez». «Cualquier juez lo declarará inconstitucional; con la reforma de este artículo buscaron el aplauso fácil, y esa conquista será efímera», denunció, en declaraciones difundidas por «Corrientes Noticias». Para Aquino Britos, «cualquier ciudadano extranjero podrá presentarse a los tribunales y demandar la inconstitucionalidad, ya que se está en contra del artículo 20 de la Constitución nacional».
Tras doce horas de discusión, la madrugada del sábado finalmente los convencionales le dieron el visto bueno a un proyecto denominado «Patrimonio estratégico de la provincia de Corrientes». Dieron el voto favorable las opositoras bancadas del Frente Social, el Partido Comunista y Alternativa Republicana, además de los justicialistas del oficialista Frente de Todos para la Victoria, Carlos Rubín, Eduardo Galantini, Rubén Pruyas y Miriam Coronel, y los convencionales Rodolfo Fernández, Luis Fracalossi, Griselda Aquino y Pedro Braillard Poccard.
El debate fue acompañado dentro y fuera del recinto por manifestantes de organizaciones sociales y políticas, que expresaron constantemente su rechazo a cualquier otra iniciativa que no contemplase un control sobre tierras consideradas «patrimonio de todos los correntinos». En la última protesta, todos los cuestionamientos apuntaron al millonario estadounidense Douglas Tompkins, propietario de amplias extensiones de tierra en la región.
Ahora, será competencia del gobierno correntino velar por la propiedad de «los bienes ubicados en las zonas de seguridad, protegidas o que constituyan recursos estratégicos que sean propiedad de habitantes argentinos nativos del Estado nacional, provincial o municipios».
La iniciativa establece, además, que «los extranjeros sin residencia permanente, las empresas, sociedades conformadas por ciudadanos o capitales foráneos, y las sociedades sin autorización para funcionar en el país no pueden adquirir inmuebles en las mencionadas áreas, con excepción de extranjeros que acrediten residencia legal conforme a la ley».