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23 de febrero 2007 - 00:00

Más provincias exigen que les subsidien suba docente

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«El salario de los docentes está compuesto por aportes de Nación y las provincias», recordaban ayer desde la cartera educativa nacional, reconociendo que el esfuerzo para solventar la suba deberá correr por cuenta de ambos niveles de gobierno.
La asistencia que dará Nación este año para asegurar el salario mínimo docente será de $ 800 millones, según se indicó ayer desde el Ministerio de Educación. Unos $ 500 millones surgirán del Presupuesto que maneja Filmus con destino a Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, San Juan, Jujuy, Salta, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero. El año pasado fueron unos $ 400 para financiar la suba del piso de $ 600 a $ 840 que también fue decidida en forma unilateral por Filmus en la previa al inicio del ciclo lectivo.
En tanto, los restantes $ 300 serán para Buenos Aires -el único distrito que se agrega a la lista de asistidos de 2006-. En este caso, los fondos llegarían por intermedio del Programa de Asistencia Financiera (PAF) que deberá firmar el gobernador Felipe Solá con la Nación. El PAF es una herramienta que financia año a año el pasivo provincial y se trata de un préstamo.
En este marco, desde las restantes provincias comenzaron a surgir reclamos: «Vamos a pedir al gobierno nacional que incluya el aumento en su Presupuesto, porque lo anunció para las provincias, cuando la Nación no tiene ningún alumno ni docente». La frase surgida de boca del ministro de Empresas Públicas de Neuquén -a cargo de la cartera de Educación-, Alfredo Esteves, resume la postura de varios gobiernos, incluso no tan opuestos con Néstor Kirchner -y hasta oficialistas- como sí lo es la provincia gobernada por Jorge Sobisch.
La Pampa se inscribe también en una postura similar, reclamando asistencia adicional a la Nación. El gobernador peronista Carlos Verna habló de «injusticia» y alertó por el relegamiento de su distrito frente a otros más poderosos, en clara alusión a Buenos Aires.
Una provincia pionera en este reclamo es San Luis, que ya lo hizo público el año pasado. Entonces, el gobernador Alberto Rodríguez Saá envió una carta a Kirchner para que revea la cuestión, criticando «una clara situación de discriminación en el reparto de recursos».
También existen críticas a que la decisión de Filmus no fue discutida dentro del Consejo Federal de Educación, que cada mes reúne a todos los ministros del área del país.
La incómoda situación se vive en varios distritos, incluso en casos en que se está negociando una suba del piso salarial superior a la que está definiendo Nación, como sucede en Santa Fe. Ningún gobierno del interior considera que le sobren fondos como para no pretender una asistencia de Nación, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Se amparan en la ley de financiamiento educativo, que prevé «ayuda para provincias con indicadores socioeconómicos desfavorables».
En tanto, algunos gobernadores festejan el aumento del mínimo. «Acataremos esa decisión y buscaremos el financiamiento necesario para cumplir también con nuestros docentes», dijo ayer el oficialista mandatario jujeño, Eduardo Fellner, en una línea que también siguió el tucumano José Alperovich.
Mientras tanto, se complica el inicio del ciclo lectivo en varios distritos. En el grueso de las provincias está previsto que las clases comiencen el 5 de marzo, pero no hay garantías, al menos, en San Juan, Buenos Aires, Santa Fe y Chaco (estas dos últimas deberían iniciar el 1 de marzo).

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