Oposición cuestiona ahora "letra chica"

El diputado provincial Jorge González advirtió que «de lo que no nos habíamos dado cuenta es de los condicionamientos que pone la empresa, y recién los pudimos ver ayer». «Uno de los puntos -agregó- tiene relación con los valores del petróleo y del gas (que dispone que los precios percibidos no sean menores que los de 2006), y también con las no restricciones a las exportaciones (de hidrocarburos)». Estos datos están expresados en el artículo 9 del contrato «Acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas de la provincia de Santa Cruz».
Asimismo, González resaltó que «después hay condicionamientos de otro tipo: que esté aprobado por Diputados, que intervenga la Nación como parte de un arbitraje con la provincia si no se ponen de acuerdo, etc». Esta reticencia a la intervención del gobierno nacional tiene que ver con que, según la oposición, la cuestión de fondo se inicia porque la empresa demanda al gobierno nacional por 2.600 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones (CIADI). Entonces, PAE solicita la renegociación para no realizar el juicio.
Otra de las críticas al contrato es que no se menciona nada con respecto a las empresas contratistas de PAE. «En el contrato no dice quiénes son, y nosotros sabemos que es en desmedro de Santa Cruz. El recurso ahora es nuestro, con lo cual las reglas de juego tienen que cambiar para beneficiar a la provincia», señaló González.
En el acuerdo también figura una excepción a los Ingresos Brutos y Rentas, una de las principales fuentes de ingreso de las provincias. «Con respecto a esta actividad, ese impuesto significa mucha plata», continuó el legislador.
Por su parte, el legislador Omar Ayard dijo que: «En realidad esto es una prórroga encubierta por 40 años, y no por 10 como se dice. Porque están los 10 años que faltan para que se venza el contrato, los 10 de prórroga, y 20 años de acuerdo con la empresa provincial, con lo cual PAE va a aparecer como operadora. Sería hasta 2047, hasta el agotamiento del recurso», explicó Ayard.
 Ecología
El problema ambiental tampoco pasó inadvertido para los legisladores disidentes. «No dicen nada del pasivo ambiental, que es fundamental. La empresa tiene problemas de contaminación de las napas freáticas, ya la provincia le clausuró pozos inyectores», dijo González.
No obstante, falta alrededor de un mes para que el contrato se trate en la Legislatura, ya que recién el jueves que viene tomará estado parlamentario y se le asignará comisión al tema, que en principio se trataría en tres: Energía y Combustibles, Asuntos Constitucionales, y Legislación General.
Asimismo, siete diputados disidentes presentarán un proyecto de ley, en el marco del artículo 80 de la Constitución provincial, para realizar una consulta popular obligatoria y vinculante para el 9 de setiembre. La idea es que los habitantes de la provincia se puedan expresar al respecto del contrato petrolero.