Preocupa a provincias grave ley boliviana

La promulgación de la controvertida nueva Ley de Hidrocarburos de Bolivia -que incrementa a 50% la carga impositiva a las empresas del sector- genera ya fuerte preocupación entre varios gobernadores. La voz de alerta más fuerte se alza desde las provincias del Nordeste, donde ven alejarse cada vez más la concreción de un gasoducto clave para la región, destinado a proveerla de gas en red.
Aquí el encono de algunos funcionarios crece además por la intención del gobierno nacional de invertir u$s 800 millones en los gasoductos del centro y oeste argentino, dejando en un segundo plano a esa región. Un signo, en rigor, de que el Gasoducto del Nordeste ya no engrosa los planes de Néstor Kirchner.
Como coletazo de la polémica norma que convulsiona a Bolivia, mandatarios de distintos puntos del país temen además que en el mediano plazo se produzcan nuevos aumentos en las tarifas (al deber pagar el país más caro el gas boliviano, que importa), lo que -dicen- generaría un nuevo escollo para la incipiente recuperación productiva, e impactaría negativamente además en los bolsillos de los consumidores. Un nuevo condimento que les alimenta los temores por el fantasma de la falta de gas durante este invierno.
 Sondeo
Veamos algunas postales del estado de alerta que se vive en algunas provincias, según un sondeo realizado por Ambito Nacional, producto de la norma promulgada el martes por el titular del Congreso boliviano, Hormando Vaca Díez:
c Según el secretario de Industria santafesino, Mauricio Caussi, hay en la provincia una «preocupación importante» porque «en el marco de una situación de recuperación productiva y en medio de un cuello de botella energético, se demora la posibilidad de concreción a mediano plazo del Gasoducto del Nordeste».
Para el funcionario de Jorge Obeid, en diálogo con este diario, se trata de una obra clave porque, «además de contribuir a la provisión global de un insumo fundamental en el nivel país, tiene un impacto importante en el norte de Santa Fe porque permitirá que reciba gas natural».
El alerta en la provincia también gira en torno de las consecuencias «a corto plazo, porque podría haber un aumento en el precio del gas». «Compartimos lo que dice el sector privado: cuando no hay oferta, el precio es infinito», advirtió.
c En sintonía, mostró su malestar el gobierno de Chaco, que encabeza el radical Roy Nikisch. Según el secretario de Obras Públicas, Néstor Dellamea, la norma boliviana «afectará los intereses de nuestro país porque modifica el valor del gas natural y habrá que volver a estudiar la ecuación económica-financiera de la licitación del gasoducto del Nordeste, que sigue sin adjudicación».
«Estamos sufriendo una marcha atrás si no buscamos medidas alternativas», advirtió. Por ello, la provincia propone -ya con respaldo regional- alentar la construcción de un gasoducto «con una menor sección, para que sólo abastezca al Nordeste, con lo cual los costos de 1.000 millones se reducirían a 200 o 300 millones de pesos».
c La flamante ley también potencia reclamos a Nación de tipo estructural. Desde Neuquén, el ministro de la Producción local, Marcelo Fernández Dotzel, aseguró a este diario que es necesario que Kirchner «use a fondo las disponibilidades de la provincia a través de la modificación de la política energética». « Debe priorizar a Neuquén sobre Bolivia, y pagarle el gas como se lo paga a ese país», instó el funcionario de Jorge Sobisch, para quien fue un error estratégico «apostar a Bolivia» cuando el territorio neuquino tiene el fluido necesario para hacer frente a los requerimientos argentinos.
c Desde Salta, en tanto, el ministro de la Producción de Juan Carlos Romero, Sergio Camacho, también mostró la «profunda preocupación» de la provincia por el impacto que podría tener en su terruño la nueva ley boliviana.
«No sabemos aún cómo va a repercutir en el esquema energético del país», dijo. Para mensurar las consecuencias, ya pidió a los técnicos un informe «exhaustivo», que recibirá hoy.
Sin embargo, abrió la puerta a un posible impacto positivo. «Puede repercutir en las tarifas, o puede habilitar la búsqueda de incentivos para empezar a producir nuestro gas, para suplir lo que se produce en Bolivia», invitó.
c En el caso de San Juan, en cambio, fuentes gubernamentales aseguraron que «en principio la provincia no va a verse afectada, porque está alimentada por el gasoducto centro-oeste, que no tiene que ver con el gas de Bolivia».