12 de mayo 2005 - 00:00
Provincias gastan por suba salarial al menos $ 2.820 millones más
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La escalada de nuevos anuncios salariales activados ya en las provincias este año -y que no hace más que calcar el escenario vivido en 2004- agrava la polémica por el gasto público, un delicado escenario que en algunos casos es terreno de un manejo discrecional de fondos, alimentado por la cercanía de las estratégicas elecciones legislativas del próximo 23 de octubre.
Las medidas en este ámbito alcanzan en ciertos casos a masivas efectivizaciones de contratados, algunas altamente polémicas y de gran costo para los bolsillos locales, tal como lo anticipó Ambito Nacional en su edición del pasado martes. En otras provincias, en cambio, el paraguas de la Ley de Emergencia Económica aún frena los traslados, como es el caso de San Juan.
La presión de la opinión pública obligó en varios distritos a dar marcha atrás con cuestionadas medidas. Esta es la situación que se vivió en los últimos días, por ejemplo, en las legislaturas de San Juan y de Santa Cruz, donde debieron ser cancelados incrementos para legisladores de $ 1.600 y $ 1.500, respectivamente.
Veamos algunas postales del serio impacto que los aumentos salariales otorgados este año por los gobernadores tendrán en sus provincias en el nivel anual, según un sondeo realizado ayer por periodistas de este diario:
c Buenos Aires hace pesar su gran escala, en comparación con los demás distritos, también en materia de fondos destinados a aumentos salariales, ya que sólo este año destinará $ 1.420 millones más para los 500 mil estatales provinciales, según los anuncios confirmadas por el gobierno de Felipe Solá.
Se trata de $ 1.080 millones que fueron incluidos a principio de año en el proyecto original del Presupuesto (que aún aguarda aprobación), más $ 340 millones del último anuncio realizado el mes pasado.
Aún así, el distrito es uno de los que más conflictos gremiales sufre y, de hecho, hoy Solá y parte de su Gabinete tendrán una reunión con estatales de la CGT, que podría derivar en más mejoras en los haberes de los empleados.
En medio de un año signado por protestas, tanto el gobernador como su ministro de Economía, Gerardo Otero, insisten en que nuevos aumentos salariales deberían darse en la medida en que siga respondiendo la recaudación provincial a partir de mitad de año.
Cabe recordar que Buenos Aires también realizó el pase a planta permanente de unos 5.600 contratados que se desempeñan como auxiliares docentes, aunque en este caso no hay un aumento significativo del gasto, debido a que estas personas ya se encontraban dentro de la estructura del Estado.
c En Río Negro el gobierno del radical Miguel Saiz hizo este año múltiples anuncios de actualización salarial, entre los que se incluyó la devolución -iniciada el año pasado- de los descuentos que los estatales sufrían desde mediados de los ’0, por causa de una ley de emergencia económica, e incentivos a docentes y empleados de hospitales. En total, la provincia deberá destinar unos $ 100 millones extra para solventar todas estas subas.
A su vez, Río Negro también está a punto de lanzar la efectivización de 3.000 empleados que se encuentran hasta ahora como contratados.
c Córdoba anunció este año varias subas salariales, no remunerativas, de entre $ 60 y $ 130, para las distintas áreas del Estado provincial, las cuales reportarán durante todo 2005 un gasto de $ 110 millones.
c En el caso de Mendoza, el gobernador radical Julio Cobos definió para este año una suba salarial de 10% para todos los estatales, con recursos contemplados por presupuesto. Una medida que le representa $ 74 millones anuales. En la provincia avanza también -por ley- en un proceso de efectivización de contratados progresivo, que en conjunto le implicará desembolsar en total $ 64 millones.
c En Jujuy, los gremios, medidas de fuerza mediante, también comprometieron al justicialista Eduardo Fellner un incremento de sueldos, de $ 100. Los anuncios le implican a la provincia pagar otros $ 30 millones en este concepto, una suma que se incrementa si se suma además el descongelamiento de la antigüedad, que beneficia tanto a estatales como a legisladores.
c En Santa Fe, el mandatario justicialista Jorge Obeid debió activar ya recomposiciones salariales este año, lo que anualmente le representaría un monto aproximado de $ 700 millones más por este concepto. Esa cifra incluye la suba producto de la ley de enganche que rige en la provincia, y por la cual empleados y magistrados locales perciben un incremento salarial de 30%, en consonancia con sus pares nacionales.
· El gobernador de Entre Ríos, el justicialista Jorge Busti, es otro de los mandatarios que terminó por otorgar este año una suba salarial a todos los sectores estatales (menos los que perciben adicionales especiales), por lo que la provincia deberá anotar en la grilla de pagos en este rubro otros $ 155 millones.
· En el caso de Misiones, el gobernador Carlos Rovira (Frente Renovador) disparó a principios de año una suba salarial a toda la plantilla de estatales, en distintas escalas. Los anuncios le implican a la provincia $ 85 millones (incluido el impacto de la efectivización de algunos contratados).
· En Neuquén, el mandatario Jorge Sobisch destinará otros $ 25 millones por la suba de sueldos que otorgó este año a aquellos agentes de la administración pública que en un primer momento no llegaron a alcanzar un piso salarial de 120 pesos. Se suman al incremento en este rubro de $ 80 millones activados en 2004.
· Santa Cruz, la tierra de Néstor Kirchner, no es la excepción en materia de subas salariales. Este año el gobernador justicialista Sergio Acevedo otorgó una suma fija no remunerativa de $ 200 a partir de abril, que comenzó a percibirse en las liquidaciones del 10 de mayo para 45 mil agentes entre activos y pasivos, lo que da un total mensual de $ 9 millones y un total anual de $ 81 millones. Además, en marzo 2 mil contratados pasaron a planta permanente, una medida que, en rigor, no reportó cambios para las arcas provinciales.
· El gobernador de Tierra del Fuego, Jorge Colazo, lanzó este año una polémica medida, denominada «megapase», por la cual incluyó en planta transitoria a algo más de 4.000 empleados contratados. Este plan costará durante todo 2005 unos $ 40 millones a la provincia, destinando sueldos brutos de al menos $ 1.200 para los nuevos efectivizados. A su vez, ahora Colazo estudia otorgar el mismo beneficio a otros 800 empleados fueguinos.




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