Provincias ya piensan en un ajuste de gastos en 2008

La cuestión preocupa a los equipos técnicos de las nuevas administraciones y las reelectas. A partir de 2008 deberán tomar muy en serio el trabajo de hacer equilibrio entre ingresos -propios y de origen federal- que ya no crecerán al mismo ritmo y gastos que aumentaron fuerte y son en su mayoría inflexibles a la baja, al estar compuestos en casi 50% por gastos de personal. La mirada se orienta entonces a la obra pública, posible víctima de la crisis.
Ya existe un pronóstico muy poco alentador para el conjunto de las provincias: cuando culmine 2007 el déficit financiero será de $ 3.000 millones (0,4% del PBI). También habrá rojo para el resultado primario (sin contar servicios de deuda), del orden de $ 240 millones, algo que no sucedía desde la devaluación del verano de 2002.

 Problemas

Tarde o temprano, los mandatarios van admitiendo problemas de caja y con deuda pública, así como la necesidad de solicitar nuevos financiamientos. Como ejemplos se puede citar al bonaerense Felipe Solá, que está fuera del escenario de elecciones y prepara el terreno para la potencial llegada de Daniel Scioli; el fueguino Hugo Cóccaro, derrotado y en transición para dejar el poder a su vencedora, Fabiana Ríos, del ARI; y al tucumano José Alperovich, kirchnerista que logró la reelección por gigantesco margen de votos e incluye entre sus prioridades buscar un control de la deuda provincial.
En Córdoba, el oficialista Juan Schiaretti -electo gobernador en medio de un escándalo electoral- reconoció oficialmente una deuda pública de $ 7.800 millones, que sus opositores sitúan en entre $ 10.000 y $ 11.000 millones.
Mientras tanto, la palabra «ajuste» ya se cuela incluso en discursos de campaña de la Casa Rosada, ante las complicaciones que genera el avance de precios y la necesidad de un sinceramiento de los números de la economía que deberá llevar adelante el próximo presidente.
Por lo pronto, para las provincias «el futuro ya llegó» y si de situación desesperadas se trata, Tierra del Fuego parece estar a la cabeza. Al menos ésa es la imagen que se encarga de dar el saliente mandatario Cóccaro, que reclama airadamente a la Legislatura le apruebe la toma de financiamiento por $ 50 millones para el pago de gastos corrientes.

 Sin resultados

Ante el escaso resultado que está teniendo su pedido, el mandatario kirchnerista dejó saber cual piensa que debería ser la solución: «Se va a tener que tomar alguna medida que puede terminar inclusive en un ajuste, cosa que no quiero hacer ni voy a hacer, pero alguien lo tendrá que hacer», sentenció, entregando el problema al futuro gobierno de Ríos.
Atenta a la endeble situación de Cóccaro, la electa mandataria traza contactos con los Kirchner, sintonizando con Cristina el lunes en Río Grande y con una nueva visita a la Casa Rosada la semana próxima. Tal vez consiga así los fondos que su fracasado antecesor reclamó sin éxito en Buenos Aires.
Los inconvenientes de Buenos Aires tienen una escala mucho mayor a los de Tierra del Fuego. La principal provincia del país cerrará el año con un déficit financiero en torno a los $ 2.300 millones. El resultado primario, en tanto, será negativo a razón de $ 1.172 millones, es decir, 116% por encima de lo previsto por la provincia.
Solá enfrenta presiones gremiales muy fuertes y este año debió conceder una suba a docentes que se calculó a un costo de alrededor de $ 1.600 millones. Buscando una mirada positiva, Solá señaló días atrás que, si resulta electo, Scioli dispondrá de una provincia sin déficit -el rojo se cubrirá con más préstamos de Nación y emisión de deuda- y «alrededor de u$s 450 millones del Banco Mundial y del BID para inversiones».
Por su parte, desde Tucumán, el oficialista Alperovich hace números y plantea un pedido de ampliación presupuestaria de $ 400 millones, que considera «clave para negociar la refinanciación de la deuda de $ 500 millones que tenemos con Nación». «Tenemos que sentarnos a negociar antes de fin de año para poder pagar $ 100 millones y que refinancien $ 400 millones, pero para pagar necesitamos que se apruebe». El argumento del gobernador norteño apunta a que una solución para la deuda pública es condición necesaria para poder avanzar en obras de infraestructura.

 Deuda

En un escenario de deterioro de las cuentas provinciales desde 2004 en adelante, y que este año derivará en déficit, la deuda pública es una de las grandes cuentas pendientes que tiene el gobierno nacional con sus pares del interior. El stock total de este rojo ascenderá a fines de este año a $ 87.000 millones, representando cerca de 90% de la totalidad de recursos corrientes percibidos por las provincias anualmente. Este pasivo está en más de 70% contraído con Nación y genera este año necesidades de financiamiento por $ 12.650 millones.
El reclamo de las provincias, que será tema de discusión con el próximo gobierno nacional, apunta a una reducción de la deuda provincial a través de un cambio de estructura que la libere del ajuste por inflación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).