Quejas de concesionarias por impacto en las ventas

Pese a que el sector automotor está pasando por su mejor momento, las concesionarias de autos de la provincia de Buenos Aires alertaron por la caída de las ventas que produciría el aumento de 3,9% a 4,5% de la alícuota de Ingresos Brutos que vota hoy la Legislatura bonaerense.
Según denunció ayer la cámara que agrupa al sector (ACARA) la modificación significaría la migración de clientes desde la provincia hacia otros distritos (como la Capital Federal) beneficiados por precios más bajos.
Es que con este cambio, en la provincia de Buenos Aires se pagaría una alícuota de 5,3% (al incluir la tasa municipal de 0,8% que no rige en la Capital) sobre el valor de un 0 km, contra 3% que pagan las concesionarias porteñas. Esta diferencia de 2,3% representa una ganancia de alrededor de $ 1.500 sobre un auto de $ 60.000, el segmento más vendido del mercado.
«Con esta diferencia, la gente que quiera comprar un auto en el Gran Buenos Aires o incluso desde más lejos lo va a hacer en la Capital para pagar menos con el perjuicio de las concesionarias bonaerenses que perderán clientes», explicó Horacio de Lorenzis, secretario de ACARA.
Esto podría afectar a cerca de 150 concesionarias oficiales de las casi 200 que hay en territorio bonaerense que sufrirán el aumento impositivo.
Si se tiene en cuenta que una concesionaria recibe 13% del valor de un auto, la suma de los impuestos (entre los que se incluye Ingreso Brutos, IVA, Seguridad e Higiene y otras tasas menores) representa 60% de ese margen de ganancia. Pero en la actualidad los vendedores están aplicando descuentos de hasta 5% sobre el valor de un 0 km lo que eleva la carga impositiva a 83%. Con lo que resta, la concesionaria debe hacerse cargo de los demás costos fijos como pago de personal, publicidad, etc.
«Lo alarmante de esta situación es que la alícuota actual de 3,9% rige desde 2002 y fue elevada como consecuencia de la crisis de entonces. Nosotros veníamos reclamando estos años una baja de esta tasa y, por el contrario, se decide un aumento de la misma convirtiéndola ya en un impuesto confiscatorio», señaló De Lorenzis.
Según el directivo, pese a lo señalado por el gobierno bonaerense, la medida no fue consensuada con la entidad y causó sorpresa en el sector comercial.
«Tuvimos reuniones con la ministra de Producción, Débora Giorgi, el subsecretario de Finanzas bonaerense y el titular de la ARBA, Santiago Montoya y no tuvimos respuesta sobre nuestros reclamos», se quejó De Lorenzis.