Rige en todo el país juicio oral y público

El cambio será drástico, ya que no sólo refiere a la manera de enjuiciar a quienes violan las leyes, sino que a partir de ahora la investigación de las causas estará a cargo de los fiscales y el juez valorará las actuaciones, con lo que desaparece la figura del magistrado instructor.
De esta forma, se pasará a un sistema acusatorio en el que el fiscal investigará, colectará las pruebas y finalmente formulará la acusación.
Anteriormente, y hasta tanto el juicio oral esté en pleno vigor, las causas penales eran llevadas adelante por los jueces de instrucción quienes, luego de la pesquisa, elevaba su acusación a los jueces de Sentencia, en procesos que generalmente demandaban varios años.
Así, los jueces ahora tendrán la exclusiva tarea de valorar los procedimientos del juicio y, en base a ello, dictar sentencia.
La implementación del juicio oral será realidad una vez que esté en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, contenido en la ley que aprobó la Cámara de Senadores de la provincia el jueves pasado y que había recibido media sanción en Diputados en junio de este año.
Otras características de gran relevancia del nuevo sistema son la introducción de la figura del querellante en los procesos y la ampliación de los derechos de las víctimas de delitos.
 Aspectos
El proyecto de ley fue remitido por el gobernador Jorge Obeid a fines del año pasado como parte del Plan Estratégico Provincial para la Justicia Santafesina y también se tomaron en cuenta aspectos contenidos en textos presentados por los diputados Danilo Kilibarda (PJ) y Santiago Mascheroni (UCR). La ley señala que la aplicación del nuevo sistema no deberá exceder el último día hábil de junio de 2008 y su implementación se realizará gradualmente hasta regir en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia, comenzando por la de Rafaela.
En cuanto al primer juicio oral que se realizará no hay todavía una fecha tentativa y, en ese sentido, una cláusula transitoria de la ley establece que no entrará en vigencia hasta tanto el Poder Ejecutivo «considere reunidas las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento».
Acerca de las causas que se instruyen con el actual sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia deberá reglamentar un régimen que tendrá vigencia hasta que se concrete la transición entre ambos regímenes.
La implementación del juicio oral tendrá un costo de entre 90 y 150 millones de pesos, y la variación de las cifras depende de si se decide construir los tribunales orales, con un costo de 61 millones, o si se alquilan inmuebles, con un presupuesto anual de 4 millones de pesos.
La infraestructura se completa con mobiliario y sistema informático y una estimación de otros 11 millones de pesos de inversión.
El otro ítem importante del aspecto presupuestario es el del personal, ya que deberán crearse 1.235 cargos, lo que representa 70 millones de pesos en salarios por año.
Las estimaciones presupuestarias corresponden al senador Juan Carlos Mercier, representante oficialista por el departamento La Capital, en base a un informe remitido a la Legislatura por el Poder Ejecutivo.