Agenda. Sáenz y la intendente Bettina Romero, ayer en el acto por el aniversario del nacimiento de Güemes.
El salteño Gustavo Sáenz puso el pie en el acelerador en su reestructuración de deuda bajo legislación extranjera por u$s350 millones, en el marco de una estrategia que disparó señales de malestar desde filas del Gobierno nacional.
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“Salta envía solicitud de consenso. La CBPA respalda las negociaciones que ambas partes describieron como de ‘buena fe’”, señaló en las últimas horas la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas, de buen grado, además de remarcar que es “la mejor manera de conservar la integridad del mercado de bonos y preservar el acceso al financiamiento que sustente inversiones de capital”.
Desde algunos despachos nacionales no ocultaron sin embargo su disconformidad y hablaron de “calentura”. “Si cierra en alrededor del 95% el valor presente neto del canje de Salta será la que más paga hasta ahora”, advirtieron ante este diario. En los hechos, esa avanzada -señalan- erosiona la estrategia conjunta que llevan adelante las provincias con procesos de reestructuración aún abiertos, en materia de los ejes centrales de negociación en línea con las premisas de sostenibilidad que plantea el ministro Martín Guzmán.
Bajo ese razonamiento, desde filas nacionales recordaron que “el valor presente pagado como porcentaje del total reclamado” fue del 53% en el canje de Argentina sellado por Guzmán, del 77,7% en del radical mendocino Rodolfo Suarez, del 80% en el del neuquino Omar Gutiérrez (MPN), del 83,1% en el de Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), de 84,5% en el del peronista cordobés Juan Schiaretti y del 91,9% en el del chubutense Mariano Arcioni. El entendimiento cordobés había también incomodado a Nación. A fin de enero, en una cumbre de ministros de Economía en La Plata a la que Salta fue convocada pero no asistió -”se cortó sola”, se escuchó en el cónclave-, las otras seis provincias con procesos de reestructuración abiertos -Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego y La Rioja- acordaron profundizar la coordinación de sus renegociaciones, con foco en buscar acuerdos para recuperar la sostenibilidad y evitar estrategias de corto plazo que, ante la existencia de acreedores comunes entre los distritos, compliquen las conversaciones de otros gobernadores. Las señales de alerta se profundizaron luego de que a principios de año un grupo de bonistas presentara una demanda en Nueva York contra Entre Ríos por el incumplimiento del pago en agosto de un cupón de intereses por u$s28,7 millones.
El Gobierno salteño había cosechado días atrás un acuerdo con un grupo de acreedores ad-hoc para introducir enmiendas a sus bonos, con vencimiento en 2024. El grupo, representado por VR Advisory Services Ltd., posee cerca del 40% de los títulos. Ahora, y tras lanzar en las últimas horas la solicitud de consentimiento con tiempo hasta el 19 de febrero, va en pos de la adhesión de al menos otro 35% de bonistas, necesario para alcanzar el 75% que requiere la reestructuración de la deuda.
La propuesta incluye una extensión de plazos, para pasar de 3 pagos (entre 2022 y 2024) a 10 (entre 2023 y 2027), además de una reducción en la tasa de interés actual del 9,125% por una grilla creciente, de entre el 4% y el 12,5%.
“Extender los plazos nos daría mayor tranquilidad en toda la deuda porque financieramente es mucho más pagable”, dijo días atrás el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, a El Tribuno.
El 7 de enero Salta había esquivado el pago de un cupón de intereses, para entrar en plazo de gracia.
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