El peronismo acusó al gobernador de la "connivencia" con la Justicia local por la aprehensión de la exlegisladora Anabela Lucero, acusada de una supuesta trama de corrupción. El mandatario respondió y apuntó contra la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
Rivales: Claudio Poggi y Alberto Rodríguez Saá.
El Partido Justicialista (PJ) de San Luis y el gobernador Claudio Poggi protagonizaron un contrapunto por la situación de la exdiputada provincial Anabela Lucero, a quien se le dictó prisión preventiva en el marco de una causa en la que se la investiga por supuesta corrupción.
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Lucero está acusada del vaciamiento del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, de Villa Mercedes, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, en una trama que, para la Justicia, incluye administración fraudulenta, asociación ilícita y desvío de fondos, entre otros delitos, con un supuesto perjuicio de $900 millones para el Estado.
Desde este lunes, por decisión del juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, la dirigente cumple 60 días de prisión preventiva, así como también su hermano Enzo Lucero y Exequiel Scarel. Por el contrario, la acusada asegura que sufre "persecución política" y cargó las tintas contra el gobernador Poggi.
Tras la detención, el PJ puntano emitió un duro comunicado titulado "No hay justicia ni democracia cuando se violan las garantías constitucionales". En el texto, consideran los episodios como "un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar y un gravísimo precedente institucional para San Luis".
"Los tres compañeros privados de su libertad carecen de antecedentes y poseen arraigo familiar. No existe entorpecimiento a la investigación judicial ni peligro de fuga. Sin embargo, el juez Ortiz rechazó las alternativas propuestas por la defensa y dispuso su alojamiento durante 60 días en el Servicio Penitenciario, decisión que ya fue sometida a revisión", afirma el escrito.
A la par, denuncian la "preocupante connivencia entre el Gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que terminan siendo funcionales al poder político provincial". Y agregan; "La Justicia no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores, perseguir dirigentes y ciudadanos que piensen diferente".
"En San Luis debe regir la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Para todos. Sin privilegios para los amigos del poder y sin persecución para quienes piensan distinto", finaliza el escrito.
Por su parte, el gobernador Claudio Poggi evitó pronunciarse sobre el proceso judicial en curso, aunque sí salió al cruce del comunicado del peronismo y acusó a su antecesor, Alberto Rodríguez Saá, de "ordenar vaciar el Estado" antes de su asunción.
Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo local recordó que hizo las denuncias correspondientes al asumir en 2023. "Parte los recuperamos y parte están en procesos judiciales, pero eso se debe al vaciamiento del Estado que ordenó el exgobernador”, disparó respecto a los bienes estatales. En ese sentido, tildó de "pícaro" a Rodríguez Saá, ya que, según dijo, "mandaba a los otros a firmar".
Actualmente, el mandatario cursa su segunda gestión no consecutiva al frente de San Luis, ya que había sido gobernador entre 2011 y 2015, en aquel momento bajo el ala de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá. En 2023 revalidó su alianza con este último y se impuso al Justicialismo.
Recientemente, rompió la confluencia con Adolfo, quien intenta construir una alternativa propia con miras a 2027.